VALENCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -
El Sindicat Autònom de Treballadors d'Estalvi (SATE), sindicato mayoritario en Bancaja con una representación del 43,26 por ciento, rechazó hoy cualquier "injerencia de los políticos" en las posibles fusiones entre cajas de ahorro y reivindicó que "son las asambleas de las cajas las que deben decidir".
El sindicato se pronunció así en un comunicado acerca de los acuerdos alcanzados ayer por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente del PP, Mariano Rajoy, para agilizar la reestructuración del sector financiero e impulsar la reforma de la ley de Cajas en un plazo de tres meses.
Al respecto, recalcó que "las modificaciones legales de la ley de cajas corresponden al Parlamento" y señaló que "si finalmente se aprueba que las cuotas de las cajas tengan derechos políticos", procederán a "acatar esta decisión" pese a estar "disconformes" por creer que supone una "privatización encubierta" y la "disminución de la Obra Social".
En opinión de SATE, "la emisión o no de cuotas es una decisión que cada caja debe tomar y son los órganos de gobierno los que deben de decidir al respecto", a lo que agregó que "la participación de los cuotapartícipes en los órganos de gobierno nunca deben de ir en detrimento de la representación de los trabajadores".
Respecto a la financiación a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), indicaron que "supone en la práctica una emisión diferida de cuotas participativas porque ninguna caja fusionada puede devolverlo en esas condiciones salvo que ponga en peligro su viabilidad" por prestarse a un tipo de interés cercano al 7,5 por ciento y con un plazo de devolución de cinco años.
De hecho, el sindicato apuntó que "existe un estudio encargado a los consultores por las cajas gallegas que señala que la devolución del préstamo del FROB supone la totalidad de la cuenta de resultados de los cinco años".
En cuanto a las manifestaciones sobre agilizar las fusiones, reiteraron su oposición a "la injerencia de los políticos en una cuestión que es exclusiva de los órganos de gobierno de las cajas, con claro desprecio a la voluntad y capacidad de decisión de los representantes de los impositores, trabajadores y entidades fundadoras".
ELIMINAR CAPACIDAD DE VETO
Respecto a las competencias de la administración sobre la autorización o el veto de posibles fusiones, estimaron que "la actual dependencia sobre los procesos de fusión de gobiernos de las autonomías dificulta en ocasiones la búsqueda de las mejores opciones", por lo que pidieron que "se elimine la capacidad de veto y que sean las cajas las que tengan la decisión final sobre su futuro".
Como "ejemplo de estos problemas", citaron las "graves repercusiones que puede sufrir la plantilla de Cajasur en la fusión con Unicaja", ya que, a su juicio, "no era la mejor alternativa" pero "fue impuesta por el veto del gobierno andaluz a que las cajas andaluzas puedan fusionarse con cajas con sede central en otras autonomías".
En la misma línea, criticaron "la fusión de las cajas gallegas, que conlleva no sólo un solapamiento brutal de las oficinas y plantillas, sino una concentración del riesgo que cuestiona los parámetros financieros futuros de la entidad resultante" y que, además, contó con el "inexplicable apoyo" de "las ejecutivas autonómicas de los sindicatos que suplantan la voluntad de las secciones sindicales".
DEFENSA DE LA NATURALEZA JURÍDICA
SATE lamentó también que "no se haya realizado una manifestación clara y contundente en defensa de la naturaleza jurídica de las cajas" en el posicionamiento final de los dos partidos y defendió que las "prioridades" en la reorganización de las cajas deber ser, en primer lugar, "la seguridad en el empleo, presente y futuro, que pasa por una reordenación equilibrada que permita la salida con garantías de los excedentes de plantilla".
El sindicato reclamó igualmente que se atienda a "la viabilidad de las cajas resultantes, mediante una diversificación del riesgo, una mejora de las economías de escala y una mejora de los ratios de eficiencia", así como al "mantenimiento de la naturaleza jurídica de las cajas, mediante fusiones o SIP --Sistemas Integrados de Protección-- cuyo Establecimiento Financiero de Crédito (EFC) sea una caja y nunca un banco".