VALENCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha tramitado en los últimos meses 371 expedientes por problemas de contaminación acústica por lo que ha solicitado más concienciación e implicación de la administración ante los problemas ocasionados por los ruidos.
Las principales cuestiones planteadas en esta institución se refieren al ruido y molestias generados por locales de ocio mal insonorizados, la práctica del 'botellón', las fiestas populares, el funcionamiento de terrazas en horario nocturno y sin respetar las horas de cierre, impidiendo que muchas familias puedan disfrutar de su derecho al descanso.
En otras ocasiones, las molestias acústicas son causadas por distintos agentes externos tales como equipos de aire acondicionados, infraestructuras de transporte (carreteras y trenes, entre otras) o instalaciones industriales como estaciones de bombeo y maquinaria pesada.
El Síndic ha insistido en que tal como han declarado los tribunales de justicia, la contaminación acústica por encima de los límites legales inciden perniciosamente sobre el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, así como los derechos constitucionales a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado y a una vivienda digna, por lo que resulta "totalmente ineludible su firme protección por parte de los poderes públicos".
Con el objeto de evitar y minimizar las molestias acústicas causadas "injustamente" a la ciudadanía, la legislación vigente habilita a la Administración local y autonómica para que adopte medidas correctoras que pueden ir desde la sanción administrativa, la orden de clausura o cierre del local, hasta la suspensión inmediata del funcionamiento de la fuente perturbadora hasta el momento en el que se corrijan las deficiencias existentes, ha indicado el Síndic.
Asimismo, en muchos casos recuerda a la Administración que su pasividad ante los casos de contaminación acústica que provoquen efectos perjudiciales para la salud podría generar responsabilidad patrimonial, con la consiguiente obligación de indemnizar los daños y perjuicios (físicos, psicológicos y morales) que se les pudiera causar a los vecinos.
