VALENCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
La secretaria autonómica de la conselleria de Territorio y Vivienda, Cristina Serrano, consideró hoy "una irresponsabilidad muy importante en materia urbanística y en la ordenación del territorio" la gestión del Ayuntamiento de Catral (Alicante), al que la Generalitat retiró las competencias en este ámbito por la construcción en el municipio de más de 1.000 viviendas fuera de lo regulado por el PGOU.
Serrano, afirmó, durante la rueda de prensa sobre los planteamientos que la Generalitat presentará en la Conferencia Sectorial del Ministerio de Medio Ambiente, estar "sorprendida" por las declaraciones del alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez, que ayer aseguró que en la decisión adoptada por la administración autonómica la "oportunidad política es la que manda", ya que, a su juicio, "políticamente se aprovecha" la celebración hoy del debate de la moción de censura presentada por el PSPV contra el jefe del Consell, Francisco Camps, "para sacar algún asunto urbanístico de algún alcalde socialista".
Asimismo, Serrano manifestó que "son sus ciudadanos --en alusión a los habitantes de Catral-- los que deben de juzgarle al final de la legislatura cuando él se someta a un período electoral".
Por otra parte, recordó que el conseller de Territorio, Esteban González Pons, anunció hoy en las Corts que "se van a tomar una serie de medidas complementarias como consecuencia de las acciones de intervención en materia de disciplina urbanística y posteriormente, si se producen así, en materia de planeamiento".
En este sentido, Serrano explicó que Territorio creará "un cuerpo especial dentro del cuerpo de inspección que tiene la conselleria para dedicarse al tema de infracciones urbanísticas en suelo no urbanizable", ya que según dijo, "está siendo una de las permanentes agresiones al territorio que creemos que hay que atajar".
Este cuerpo especial procederá a "identificar urgentemente a las personas que han realizado las construcciones directas" en el municipio de Catral, porque "hay muchos promotores y constructores implicados", aseguró, al tiempo que precisó que "no es el caso típico del particular que se ha hecho una casa fuera de ordenación y que vive en esa casa".
Resaltó que "en este caso, se ha ido un paso más allá, que es que promotores y constructores con la anuencia del alcalde, el arquitecto municipal y de todo el equipo de la corporación han ido construyendo y vendiendo casas a terceros, que entendemos que son personas de buena fe que han pagado esas casas creyendo que se iba a regularizar la situación", aseveró.
Serrano apuntó que "de todo" lo que se encuentre en las actuaciones llevadas a cabo por esta conselleria, se dará "cuenta al ministerio fiscal, que tiene un procedimiento abierto en el juzgado de instrucción número 5 de Orihuela".
Respecto a esta actuación, indicó que "se inicia a través de una denuncia del Seprona", al tiempo que puntualizó que "toda la actividad investigadora" que se va a hacer ahora "va a clarificar mucho más las diligencias previas que se están llevando".
Asimismo, comentó que remitirán "todas las posibles imputaciones al ministerio fiscal" y que, a su entender, "se han producido tres tipos de delito, uno contra la ordenación del territorio, otro un delito medioambiental ecológico y un tercero que sería un ataque a la flora y fauna", pues recordó que "hay unos 400.000 metros cuadrados ocupados de un parque natural, de una zona protegida".
Finalmente, Serrano concretó que daría cuenta también a la Agencia Tributaria "de todas las implicaciones de estos promotores respecto al beneficio económico que hayan podido obtener sin un control administrativo importante", y garantizó "facilitar toda la información que pueda ayudar a esclarecer toda esta situación".