VALENCIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
La conselleria de Territorio y Vivienda ha iniciado este año más de 200 expedientes sancionadores por actuaciones contrarias a la ley de Residuos de la Comunitat, según informó hoy la secretaria general del departamento, Cristina Serrano.
Las infracciones detectadas van desde vertidos incontrolados de escombros, hasta quema de enseres o de plásticos, pasando por vertidos de gasoil o aceites, abandono de bidones con residuos, el transporte de residuos sin autorización o almacenamiento de residuos peligrosos, entre otros.
Serrano aseguró que este "importante" número de expedientes sancionadores es fruto de la "intensa" labor inspectora que está llevando a cabo la conselleria, y advirtió de que "no vamos a permitir acciones que dañen los ricos valores naturales de la Comunitat", porque "quien contamina en nuestro territorio, la paga".
La representante de la Generalitat manifestó que "esta labor no puede llevarse a cabo sin la colaboración de todos los ciudadanos", razón por la que anima a todos los ciudadanos a "denunciar todas las actuaciones que ellos consideren contrarias al medio porque entre todos vamos a lograr que se respete el entorno de la Comunitat".
La secretaria autonómica de Territorio y Vivienda indicó también que la Generalitat "nunca consentirá ningún tipo de actividad industrial que dañe nuestro territorio y que pueda causar perjuicio medioambiental a la Comunidad". "No vamos a permitir actuaciones que puedan perjudicar los importantes valores medioambientales", insistió.
"Las sanciones por actuaciones contrarias a la ley de Residuos de la Comunitat varían en función de la gravedad de la infracción, según recoge la propia ley", explicó. En el caso de que se cometa una infracción leve, la multa puede llegar hasta los 600 euros, mientras que si se considera una infracción grave, las sanciones van desde los 600 euros hasta los 30.000 euros, y en el caso de que se considere que la actuación es muy grave, las multas oscilan entre los 30.000 euros y el 1.200.000 de euros.
No obstanter, indicó que "más importante que la propia multa es la obligación establecida de reparar el daño causado, ya que, ante todo, lo que queremos es preservar nuestro entorno para legarlo a las generaciones futuras".