VALENCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, manifestó hoy en las Corts Valencianes que en el plazo de un mes y medio su departamento dispondrá de fotografías aéreas de todos los términos municipales de la Comunitat que permitirán identificar todas las viviendas y piscinas ilegales existentes en territorio valenciano.
González Pons, que compareció en el pleno de la Cámara para informar, a petición propia, sobre la retirada de las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Catral (Alicante), explicó que la realización de las fotografías se llevará a cabo a través del proyecto 'Análisis Espacial. Estudio para la detección de construcciones y cambios de uso de suelo en la Comunidad Valenciana', impulsado desde la conselleria, y en colaboración con el Instituto Cartográfico Valenciano.
El titular de Territorio y Vivienda, quien exhibió desde la tribuna una fotografía aérea realizada por el Instituto Cartográfico que muestra las más de 500 piscinas ilegales existentes en Catral, según remarcó, destacó que esa imagen es el "anticipo de un álbum" que estará a disposición de los diputados dentro de un mes y medio, a la vez que enmarcó la iniciativa dentro del plan que presentará en breve su departamento para intentar "impedir en un futuro las construcciones ilegales".
Recalcó que la medida servirá para "peinar fotográficamente, y con las últimas tecnologías", los 2,2 millones de hectáreas de suelo de la Comunitat y permitirá obtener un "diagnóstico exacto y preciso" sobre la situación de las viviendas ilegales en el territorio valenciano. En concreto, se podrán conocer todas las construcciones en suelo no urbanizable y qué zonas se han mantenido en las cifras de crecimiento medio en cuanto a ocupación de suelo de los últimos años y cuáles han experimentado un incremento significativo.
Según especificó González Pons, "a partir de ahí, podremos determinar cuántas construcciones han sido ya legalizadas o están en fase de legalización". "En menos de un mes y medio obtendremos el número exacto de viviendas ilegales, la zona y la ubicación precisa", señaló el conseller, y aseguró que en cada una de ellas "actuaremos en consecuencia, exigiendo la restitución de la situación cumpliendo escrupulosamente con la ley".
Sobre el caso de Catral, especificó que el 15 por ciento del término municipal está ocupado por viviendas ilegales, a lo que añadió que la inversión que el Ayuntamiento ha dejado de percibir por ello es de 45 millones de euros.
LO ILEGAL DUPLICA A LO LEGAL
Precisó que en esa población de la Vega Baja "lo edificado ilegalmente duplica lo edificado legalmente", con 2,9 millones de metros cuadrados de construcciones fuera de ordenación, y recalcó que en ningún otro municipio existe una actividad empresarial "tan flagrante y descarada" para conseguir el "lucro" a través de la "ilegalidad".
Por su parte, la oposición calificó la medida adoptada por González Pons de "oportunista y partidista" y preguntó al conseller por qué no actúa de la misma manera en ayuntamientos gobernados por el PP como los de Dolores, Castalla u Orihuela.
RAYAR LA PREVARICACION
El portavoz adjunto del PSPV Antoni Such acusó a González Pons de "desviación de poderes" y de "rayar casi la prevaricación" con la resolución emitida sobre Catral, ya que en el punto primero quita las competencias urbanísticas al Ayuntamiento y en el segundo establece la apertura de un expediente informativo para averiguar lo ocurrido, cuando, a su juicio, debería haberlo hecho al revés.
Además, denunció la "intencionalidad política" de la decisión, anunciada un día antes del debate de la moción de censura presentada por los socialistas contra el presidente de la Generalitat, remarcó, y aseguró que la "excepcionalidad" del caso de Catral "no es cierta".
Al respecto, citó la situación del municipio de Castalla (Alicante), con "promociones privadas ilegales" para la venta de más de 3.000 viviendas para extranjeros, al tiempo que recalcó que nada hacía presagiar el "golpe mediático" de González Pons porque con el Ayuntamiento de Catral había una "normalidad absoluta".
Asimismo, afirmó que en 12 años del gobierno del PP en la Comunitat "nunca han hecho nada para averiguar qué estaba pasando aquí", cuando "lo sabían todos", señaló, y al respecto, instó a González Pons a visitar "cualquier pueblo de la costa" y "ver el diseminado, como churros, para inversiones muchas veces en dinero negro" con el que se han construido "grandes mansiones en suelo no urbanizable", lo que calificó de "gran vergüenza amparada y protegida" por el Gobierno popular.
NAVES INDUSTRIALES ILEGALES
Además, reclamó que la ley se aplique a todos por igual y, al respecto, indicó que el ex presidente del PP de Catral construyó más de 4.000 metros cuadrados de naves industriales ilegales y el ex alcalde más de 9.000 metros cuadrados, todas ellas "con el correspondiente expediente de infracción urbanística y la declaración de interés comunitario por parte de la conselleria".
Por su parte, el portavoz adjunto de EU-Entesa, Joan Antoni Oltra, se mostró de acuerdo con la necesidad de actuar en Catral, si bien indicó que González Pons parece "estar buscando las excusas" para no volver a tomar una medida similar y le instó a concretar si va a actuar o no en otros ayuntamientos. También manifestó que la comparecencia del conseller "tiene un tufillo" de haberse hecho para "controlar a la oposición" y denunció que se haya priorizado sobre iniciativas parlamentarias cuya discusión en la Cámara está pendiente "desde hace años".
La diputada del PP Mónica Lorente defendió que la actuación del Gobierno valenciano ha sido "única, contundente y responsable" y señaló que la intención del Consell es dar "solución a todo el municipio", mientras que el Ayuntamiento de Catral, dijo, pretendía legalizar "sólo determinadas casas", unas 700 viviendas, "dejando fuera a más de 1.300 de buena fe".
El titular de Territorio y Vivienda remarcó que su departamento "actuará exactamente igual" en cualquier otro caso similar a Catral, al tiempo que instó a la oposición a presentar una denuncia en el juzgado "si conoce situaciones" de ese tipo, en lugar de exponerlas desde la tribuna de la Cámara, y reprochó a los socialistas que no condenen lo ocurrido en ese municipio. Además, tachó la acusación de Such de "atrevimiento" y explicó que la Administración tiene capacidad de actuar de manera cautelar sobre hechos que pueden causar perjuicio a terceros.
Por otro lado, en un momento del debate, González Pons demandó el amparo de la Mesa de las Corts al haber escuchado que el diputado del PSPV Eduardo Vicente le llamaba "prevaricador", expresión que el parlamentario socialista acabó por retirar, a instancias de la vicepresidenta, Rosa María Barrieras, si bien reclamó el mismo tratamiento cuando las acusaciones se hacen a los diputados de su grupo, afirmó.
