Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo
ALICANTE, 8 May. (EUROPA PRESS) -
Los tres funcionarios del Ayuntamiento de Alicante a los que la jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus acordó citar a declarar como testigos no han comparecido este viernes en el juzgado.
Se trata de la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial, un técnico de ese servicio y el arquitecto jefe del Departamento Técnico de Control de Obras. Se da la circunstancia de que los tres no acudieron a la comisión del consistorio --es voluntario asistir a este órgano local-- constituida tras la polémica de este residencial levantado sobre suelo que era municipal en Playa de San Juan.
Por su parte, sí han comparecido cuatro personas adscritas a la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana a las que la magistrada también acordó llamar en calidad de testigos para esta jornada, la segunda en la que ha habido declaraciones. Sus comparecencias han sido fundamentalmente de carácter técnico, según fuentes conocedoras.
Esos cuatro citados a declarar como testigos procedentes de la administración autonómica eran el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez, además de la jefa de Sección de Emergencia Habitacional, una técnica en Arquitectura y otra de gestión de Administración General.
En declaraciones a los medios de comunicación, el abogado Eduardo García-Ontiveros, que representa a la acusación popular de Ciudadanos en la causa, ha mostrado sus dudas sobre que la incomparecencia de los tres funcionarios municipales se deba a un error administrativo. En este sentido, cree que el juzgado habrá actuado "diligentemente" y que "los habrá citado".
"Lo que está claro es que las personas, si no han venido, es porque esa citación del juzgado no les ha llegado personalmente a ellos", ha resaltado García-Ontiveros, quien considera estas ausencias como "lo más llamativo" de la sesión de este viernes.
Al respecto de estas incomparecencias, el letrado de Ciudadanos también ha señalado: "A lo mejor es que la citación del juzgado se ha debido de perder por los pasillos del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante. Eso es lo más reseñable".
Desde la acusación que ejerce este partido pretendían preguntar este viernes a esos técnicos municipales cuándo detectaron la existencia de posibles irregularidades. También si las notificaron a alguien y, en su caso, a quién, cuándo y a través de qué medio.
SESIÓN "BASTANTE TÉCNICA"
Sobre las ausencias, Fernando Cazorla, letrado de la otra acusación popular, ejercida por el grupo socialista del Ayuntamiento de Alicante, ha manifestado en declaraciones a la prensa que la comunicación de esas citaciones se habría hecho a través de la "plataforma municipal".
Asimismo, el letrado que representa al PSPV del consistorio en este procedimiento ha hecho hincapié en que, ante este tipo de situaciones, "normalmente se vuelve a hacer una segunda citación" y, si ello no surte efecto, "se llama a la policía".
Respecto a las comparecencias de testigos de la Conselleria, Cazorla ha destacado que la sesión ha sido "bastante técnica", ya que "solo" han ido técnicos de la administración autonómica "que tenían una intervención tangencial porque al final lo que hicieron fue la segunda revisión de los expedientes" después de trascender la polémica. "Estos técnicos son los que colaboran, ayudan a los técnicos que vinieron anteriormente a declarar", ha manifestado.
El abogado del grupo socialista ha incidido en que esas intervenciones se han basado "prácticamente" en "ratificar" y cree que han sido "poco provechosas". Además, ha detallado que han declarado de forma "individual" y "contando su propia participación, que básicamente fue la de repartirse" esos expedientes. También ha afirmado que los que han declarado por parte de la Conselleria son "técnicos adjuntos" a los que ya declararon en la primera sesión.
Según Cazorla, una de las personas comparecientes ha trasladado que hubo una reunión de "puesta en común" y que el funcionario de la administración autonómica investigado en la causa --al que la Generalitat expedientó por los visados-- "solo admite haber comprado un piso" y no recuerda si la expresión fue "he comprado" o "mi mujer ha comprado".
Se da la circunstancia de que una de las personas que resultó adjudicataria de una VPP en el residencial de Playa de San Juan es la pareja de ese trabajador que fue expedientado. Al mismo tiempo, ella es arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante.
Tanto ese técnico de la administración autonómica como la mujer figuran entre las 15 personas que están citadas como investigadas en el juzgado: él para el 20 de mayo, como "jefe de la Sección de Vivienda Protegida", y ella para el 5 de junio, como beneficiaria. Un cargo de Vivienda dijo como testigo ante la magistrada, en la primera sesión, que ese funcionario le dijo "lo siento, la he cagado y asumiré todas las responsabilidades", según fuentes conocedoras de la declaración.
"TENEMOS UN PROBLEMA"
De otro lado, García-Ontiveros ha abundado en que este viernes "han venido solo los técnicos y funcionarios de la Conselleria de Vivienda" que "simplemente se han ratificado en el informe que alguno de ellos hizo y apoyó a los testigos que vinieron hace un par de semanas".
El abogado de Ciudadanos ha indicado que personalmente ha preguntado a una de las personas comparecientes "qué ocurre cuando los propios técnicos requieren información y más documentación a los adjudicatarios para adquirir" este tipo de inmuebles y "esta persona o estas personas hacen caso omiso y no entregan más documentación". "La respuesta ha sido taxativa: automáticamente el expediente decae", ha agregado.
Igualmente, García-Ontiveros considera que puede haber "varios responsables" que se saltaron "a la torera" esos pasos: "Hubo gente a la que se le requirió documentación, más documentación para ello, hicieron caso omiso y, aún así, fueron beneficiados con la adjudicación de una vivienda. Por lo tanto, pues bueno, tenemos un problema".