VALENCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
La sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha anulado por "arbitraria" la decisión del Ayuntamiento de Rocafort (Valencia) de convertir una vía pública que conectaba con otras localidades en una calle privada de la urbanización Santa Bárbara. Para ello, reubicó zonas verdes sin criterio de interés público para los ciudadanos.
Así consta en dos sentencias, facilitadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que el Alto Tribunal estima los recursos presentados por la Comunidad de Propietarios Urbanización La Masía de la Bonaigua y el Ayuntamiento de Godella contra una sentencia de instancia que ahora se anula.
El consistorio aprobó el 6 de octubre de 2009 la VIII Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Rocafort, denominada 'Modificación Ordenación Pormenorizada Ámbito Urbanización Santa Bárbara'. En base a este cambio, se cambiaba un espacio libre local con la desaparición de parte de una zona verde.
Frente a esta decisión, la comunidad de vecinos y el Ayuntamiento de Godella interpusieron un recurso al estimar que la misma se debía a intereses privados contrarios al interés general que debe perseguir toda actuación de las administraciones públicas, y en especial aquellas que afectan a los desarrollos urbanísticos o a la configuración de la trama urbana y legalización de actuaciones no amparadas por el propio planteamiento municipal.
Los vecinos también alegaban que con la modificación aprobada, se pretendía calificar como 'vial de tráfico restringido' y que se instalaran bolardos móviles en determinados viales que conectaban y suponían el acceso a la Urbanización de Santa Bárbara de Rocafort, de modo que únicamente los residentes de la misma pudieran acceder a la misma, perjudicando al resto de vecinos.
Tras estudiar los argumentos y el caso, el Alto Tribunal da la razón a la comunidad de vecinos y al consistorio de Godella al estimar que la decisión del Ayuntamiento de Rocafort supuso desviación de poder y fue arbitraria.
Al respecto, indica que también hay desviación de poder, "clara y patente", en el régimen establecido en la variación del planeamiento para la reubicación de las zonas verdes, partiendo de que la reordenación y atomización de las nuevas zonas verdes está ayuna de toda justificación material que se inspire en la concurrencia de un interés público para los ciudadanos diferente al que justificó su situación originaria y que aconseje la necesidad o conveniencia del cambio de localización que se lleva a cabo.
Así, ve constatada en la modificación del PGOU un designio desviado, en tanto sus determinaciones se orientan a la satisfacción de un fin puramente privado mediante la privatización de la utilización de un elemento del viario público "con el que se persigue el objetivo de favorecimiento de los propietarios de la Urbanización Santa Bárbara".
Con todo, el Alto Tribunal llega a la conclusión "inequívoca" de que se ha incurrido en desviación de poder, "existiendo prueba suficiente de que se actuó con la finalidad de favorecer intereses particulares".
