MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado revisar el caso de Fernando Enrique Muñoz, el joven de 21 años de Alicante condenado a 10 por sendos robos con violencia cometidos en febrero de 2010, tras encontrarse su teléfono móvil entre unos efectos robados. Sus padres habían entregado el pasado mes de julio 60.000 firmas ante alto tribunal para pedir que se estudiase de nuevo este asunto basándose en el hallazgo de nuevas pruebas que le exculparían.
En su resolución, dada a conocer este jueves, el alto tribunal coincide con el criterio de la Fiscalía al considerar que no existe fundamento para autorizar la interposición del recurso de revisión, que se intenta además por segunda vez tras ser denegado hace tan sólo cinco meses.
La defensa pretendía que el Supremo examinara, como prueba nueva, un documento de Telefónica en el que consta la petición realizada por Muñoz para que su número de teléfono fuera bloqueado, puesto que se lo habían robado.
El Supremo señala al respecto que lo único que acredita dicho documento es la presentación de una denuncia, no la veracidad ni realidad del hecho denunciado, y que "incluso en el supuesto más favorable no es concluyente sobre el particular" ya que recoge que el mismo día que se produjo el robo se pidió el desbloqueo de la SIM del móvil de Muñoz.
"En definitiva, el escrito de la Compañía Telefónica abunda en la conclusión de que los supuestos hechos nuevos en los que se funda la nueva pretensión revisoria, no pueden evidenciar la inocencia del condenado", señala el auto, del que ha sido ponente el magistrado Joaquín Giménez.
Por ello, considera el Supremo que lo intentado por la defensa no es un verdadero recurso de revisión, "sino la apertura de nueva fase procesal para un nuevo examen de los elementos de juicio ya disponibles en el anterior, pretensión que carece de apoyo legal".
Según señaló el abogado de Muñoz, Santiago Talavera, el día de la presentación del recurso, habían conseguido que compañía telefónica de Fernando certificara que el día antes de los hechos, el 19 de febrero de 2010, se dio de baja al número tras darse éste cuenta de que había perdido su móvil en la carretera de Elda (Alicante).
Se trataba de la segunda ocasión en la que se pedía al Supremo la revisión del caso de Fernando, que lleva 24 meses en prisión por unos delitos que asegura que no ha cometido.
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