VALENCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha admitido los recursos presentados por el Ayuntamiento de Valencia y la sociedad pública AUMSA contra el auto de un juzgado que suspendía cautelarmente las licencias administrativas de derribo de varios edificios en la zona de El Cabanyal-Canyameral de la ciudad y considera que esta decisión sólo afecta a la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y no a estos inmuebles situados en las calles San Pedro (números 95, 101, 21), Luis despuig (8 y 10) y Francisco Eximinis 32.
Según informaron hoy fuentes municipales en un comunicado, la decisión del TSJCV, que es firme por lo que contra ella no cabe recurso alguno, subraya que las licencias de derribo concedidas por el Ayuntamiento a la sociedad pública AUMSA "se ajustan a derecho" y que la paralización cautelar de derribos "sólo afecta a la zona declarada BIC".
El fallo, según las mismas fuentes, determina que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de El Cabanyal-Canyamelar está "vigente y operativo", por lo que la mayoría de los magistrados de la sala del TSJ --11 de un total de 14-- ha considerado que la titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número dos de Valencia, que acordó la suspensión cautelar de las licencias de derribo, "comete un error de principio que arrastra toda la resolución". Por ello, "termina acordando la suspensión", debido a que cree "erróneamente que el PEPRI no puede considerarse vigente y operativo".
En este sentido, la sentencia del TSJ subraya que "sólo están suspendidos de forma cautelar los derribos en el área BIC", esto es, "de inmuebles en el perímetro delimitado por las calles Escalante, en su alineación más alejada del mar, Pescadores, Doctor Lluch, en la alineación más cercana al mar, y la nueva calle del proyecto situada entre las actuales calles de Amparo Guillem e Islas Columbretes".
"MAXIMO RESPETO"
Tras conocer la decisión del TSJ, el primer teniente de alcalde y portavoz del grupo popular en el consistorio, Alfonso Grau, en una primera valoración de la resolución, subrayó que la posición mantenida por el gobierno municipal "ha sido y será siempre de máximo respeto hacia las decisiones de la Justicia, tanto cuando los dictados han supuesto la paralización cautelar de los derribos, como ahora en que determinan que las licencias de derribo se ajustan a derecho".
El concejal del PP señaló que espera ahora que los grupos políticos y la plataforma cívica que se oponen al plan muestren también respeto hacia esta decisión.
Según fuentes municipales, esta sentencia "posibilita que las obras del PEPRI sigan adelante, una vez ha quedado levantada la suspensión cautelar fuera de la zona BIC". En esta línea, Alfonso Grau destacó que no le consta que existan otros recursos a licencias de derribo fuera de la zona BIC, aunque añadió que la sentencia es "muy clara", y de ella "se desprende que en esta zona del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar, al igual que como en cualquier parte de la ciudad no declarada BIC, es posible que un particular o la misma administración lleven a cabo derribos dentro de lo que establece la ley".
