VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS)
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado dos resoluciones sobre el decreto de plurilingüismo de la Conselleria de Educación. Por una parte, ordena a la administración valenciana retrotraerse a la situación previa a la aprobación de su decreto de plurilingüismo --que el alto tribunal valenciano suspendió cautelarmente-- y, por tanto, aplicar la normativa anterior, este es a los decretos 127/12 y 234/97 .
Por otro lado, declara la nulidad parcial del Decreto 9/2017 de la Generalitat Valenciana que establece el modelo lingüístico educativo valenciano en la enseñanza no universitaria. En concreto, deja sin efecto la disposición adicional quinta del decreto de pluriligüismo al ver "un claro agravio comparativo" hacia los alumnos que elijan la enseñanza mayoritaria del castellano.
Sobre el primer auto, el TSJ considera que la administración educativa valenciana no está cumpliendo el auto que suspendió cautelarmente el decreto de plurilingüismo en enseñanza no universitaria y ordena al departamento que dirige el conseller Vicent Marzà a retrotraerse a la situación anterior y aplicar la normativa vigente entonces, es decir a la aprobada por el anterior Consell del PP.
El TSJ ha dictado este auto fechado hoy después de que el pasado 14 de julio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal valenciano preguntara a la Conselleria por las acciones que estaba llevando a cabo para cumplir la paralización provisional del decreto y pedía que identificara la autoridad o funcionario responsable de hacer cumplir el auto de suspensión para exigir responsabilidades en el caso de que se apreciara desobediencia. A este escrito, la Abogacía de la Generalitat contestó con un informe en el que detallaba las medidas adoptadas.
Sin embargo, el TSJCV considera que la Conselleria de Educación no está cumpliendo el auto que suspendió cautelarmente el decreto de plurilingüismo y recuerda que dicha paralización afecta a la integridad del decreto y deja sin efecto todo lo acordado al amparo del mismo.
"IMPEDIR UN VACÍO LEGAL"
"Cuando se dicta una medida cautelar, no basta con dejar de desarrollar la norma suspendida, como se pretende por el letrado de la Generalitat, es necesario retrotraer sus efectos al momento del inicio de ese desarrollo normativo, esto es, no se trata de hacer revivir la Disposición Derogatoria del Decreto, sino de impedir un vacío legal", argumenta.
La resolución subraya que la suspensión del decreto "afecta a la totalidad del mismo y a todo lo que hubiera podido realizarse a su amparo, no solo a la notificación de los autos de suspensión". "Todo lo que regula el decreto debe dejarse sin efecto y retornarse a la legalidad anterior", incide.
El tribunal remarca que "la seguridad jurídica, lo que exige es claridad en la resolución de todo lo pendiente para el inicio del curso escolar en septiembre próximo y no un vacío normativo, como se pretende por la Generalitat Valenciana al insistir mantener lo resuelto en ejecución del decreto suspendido".
Respecto a la autoridad o funcionario responsable del cumplimiento de la suspensión, la sala identifica al secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, por ser quien firma el informe que se presentó al TSJ.
En otra resolución, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV declara la nulidad parcial del Decreto 9/2017 de la Generalitat Valenciana que establece el modelo lingüístico educativo valenciano en la enseñanza no universitaria. En concreto, deja sin efecto la disposición adicional quinta del decreto de pluriligüismo al ver "un claro agravio comparativo" hacia los alumnos que elijan la enseñanza mayoritaria del castellano.
De este modo, los magistrados de la Sección Cuarta estiman parcialmente el recurso interpuesto por el sindicato CSI·F y anulan la disposición adicional quinta de la norma por entender que vulnera el derecho fundamental a la igualdad y el derecho a la educación reconocidos en los artículos 14 y 27 de la Constitución al discriminar a los alumnos que optan por una enseñanza mayoritariamente en castellano frente a los que eligen el valenciano como lengua vehicular, ya que estos últimos reciben más horas de docencia en inglés.
En la sentencia, notificada este jueves a las partes y distribuida por el TSJCV, el tribunal considera que la disposición adicional quinta supone "una evidente diferencia de trato entre el valenciano y el castellano que tiene una clara incidencia" en el certificado que acredita el nivel de inglés del alumnado al concluir los distintos niveles educativos (Infantil y Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachiller).
En su resolución, la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal valenciano apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y concluye que la norma "introduce esa distinción arbitraria e injustificada entre las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana --en claro agravio comparativo o desequilibrio en perjuicio del castellano-- a cuenta del inglés".
Dice el TSJCV que, atendiendo a la existencia de dos lenguas cooficiales, la administración autonómica, acreditado el déficit del valenciano, puede promover acciones positivas para favorecerlo, pero estas han de ser proporcionadas y no deben ir en detrimento del castellano.
"Si la Generalitat Valenciana, en el ejercicio de sus competencias legítimas, estimase la existencia de un déficit en el proceso de normalización en detrimento de la lengua propia, se debería otorgar al valenciano un trato diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable. Pero en todo caso resulta exigible la constatación del referido déficit, de modo que en la norma resulte objetivado en todos sus elementos, pues ello constituye el presupuesto que permite ponderar la proporcionalidad razonable a la que antes nos hemos referido. Exigencia que no se satisface en la norma analizada", argumenta la resolución.
Para el tribunal, la diferencia entre la acreditación del inglés en los niveles básico, intermedio y avanzado "no se fundamenta en una medida de acción positiva o de promoción del valenciano en comparación con el castellano, sino en una estrategia de atracción hacia mayor dinamización o normalización favorable al valenciano a través del ofrecimiento de mayor número de horas en inglés y la más elevada certificación de dicho idioma extranjero".
"SANCIÓN INDIRECTA"
Como consecuencia de ello, concluyen los magistrados, "se inflige una sanción indirecta (menos inglés y menor nivel de certificación de dicho idioma) al alumnado que desee optar por mayor presencia del castellano", de manera que la disposición ahora anulada "produce un efecto inhibidor, desalentador, desincentivador o disuasorio" en quienes pretendan ejercer la opción preferente por el castellano en lugar del valenciano, "resintiéndose con ello el ejercicio de los derechos fundamentales" reconocidos en los artículos 14 y 27 de la Constitución.
Según la sentencia, la disposición supone "un claro agravio comparativo para el alumnado que opte por mayor presencia del castellano". A este respecto, "la sala aprecia que la Disposición adicional 5ª controvertida no supera el canon de constitucionalidad, puesto que la certificación diferenciada de los niveles de inglés se articula paralelamente y en función de la mayor incorporación del valenciano como medida no justificada, que implica un desequilibrio para el castellano".
Para los magistrados, "resulta injustificada la certificación automática de los niveles de competencia lingüística" en inglés para el alumnado acogido a la mayor dinamización o normalización del valenciano en claro agravio comparativo para el alumnado que opte por mayor presencia del castellano".
La sala añade que los distintos certificados de inglés que recibe el alumnado conforme al decreto "se articulan en función de la mayor incorporación del valenciano como medida discriminatoria". Y esto, a
juicio de los magistrados "implica un desequilibrio para el castellano, sin que supere el canon de razonabilidad necesario" porque "priva de manera irrazonable y carente de justificación del mismo número de horas de inglés al alumnado que curse en un Nivel Básico, y, como consecuencia de ello, de la mayor certificación de inglés".
DISCRIMINATORIA LA CERTIFICACIÓN AUTOMÁTICA
Igualmente, se considera discriminatoria la certificación automática de los niveles de competencia lingüística por cuanto "se produce un agravio comparativo en aquellos casos en que se opte por el Nivel Básico (o Intermedio), sin que se pueda considerar compensado dicho agravio con los mecanismos para que el alumnado pueda acreditar los conocimientos de lenguas al final de cada una de las etapas a través de las pruebas de acreditación que se establezcan".
Argumentan los magistrados de la Sala de lo Contencioso que la "disposición adicional 5ª impugnada, carece de la imprescindible justificación que exige el desvío del equilibrio necesario entre las dos lenguas cooficiales y la consideración del inglés como preferente idioma extranjero, y que se encuentra presente en la sistemática del propio Decreto 9/2017".
Según recoge la sentencia, "carece de justificación y por ello resulta irrazonable y desproporcionado el modo excluyente de concebir en esa Disposición adicional quinta el acceso a la enseñanza y la certificación del nivel de inglés para el alumnado que opte por mayor presencia del castellano".
Esta circunstancia, según el tribunal "ni siquiera se concilia normativamente" con el objetivo básico expuesto en otros artículos del decreto como el de proporcionar al alumnado el dominio funcional de una o más lenguas extranjeras, la apertura europea e internacional de las escuelas y del sistema educativo y el fomento sin distinción de la educación plurilingüe como una ventaja para la competitividad, movilidad y ocupabilidad".
El fallo desestima otras pretensiones del sindicato recurrente, que solicitaba la anulación del artículo 4 del decreto, por considerar que "no ha desarrollado argumento alguno en defensa de su pretensión, más allá de una invocación genérica y vacía de contenido"
