VALENCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Alzira (Valencia), Elena Bastidas, anunció hoy que el consistorio está estudiando adoptar medidas políticas y judiciales contra la Conferedación Hidrográfica del Júcar (CHJ) con el fin de "defender la buena imagen" de la localidad y de sus ciudadanos después de que el organismo estatal presentara una denuncia contra la corporación municipal en la que le responsabilizó de los vertidos al río.
Bastidas (PP) denunció hoy en un comunicado la "persecución política que está viviendo la ciudad por parte de la CHJ" y añadió que el Ayuntamiento "no puede quedar como el único responsable de la situación del río". "No consentimos ser la cabeza de turco, ya que desde Sumacárcer hasta Cullera hay más pueblos que vierten al río", indicó la alcaldesa, quien anunció que solicitará que "se hagan públicos los más de 1.100 expedientes abiertos por la Confederación contra distintos ayuntamientos en los que en ningún caso se ha optado por la vía penal".
La primera edil mostró su "indignación" porque, según dijo, "ha sido este equipo de Gobierno el que ha creado y aprobado la ordenanza municipal de alcantarillado y aguas residuales ya que, hasta ahora, las anteriores corporaciones nunca habían hecho los deberes".
Esta normativa, aprobada el año pasado y entrará en vigor el próximo 21 de julio, "establece sanciones de hasta 3.000 euros" e incluso prevé "la posibilidad de suspender la licencia de actividad a aquella empresa que sea responsable de una infracción grave". Asimismo, según Bastidas, "hace unos meses el Ayuntamiento de Alzira obtuvo un reconocimiento explícito por parte de CHJ donde ponía de manifiesto que estábamos trabajando de forma adecuada".
En este sentido, la alcaldesa hizo referencia a una carta enviada por este organismo en diciembre de 2005 al consistorio en relación con una infracción administrativa donde hacía constar: "(...)de la tramitación del expediente se desprende que el Ayuntamiento ha actuado con diligencia con el fin de controlar e intentar eliminar los vertidos, esta circunstancia es tenida en cuenta a la hora de proponer la imposición de la sanción en la cuantía mínima establecida...".
Bastidas criitcó que actualmente "parece que en cinco meses las cosas hayan cambiado de forma radical" y por ello exigió a la CHJ "que saque a la luz los más de 1.100 expedientes sancionadores de que disponen y que lo explique a la población, que diga cuántos se han abierto o cuántos se han llevado a la vía judicial".
En su opinión, "resulta sospechoso que sólo se hayan denunciado en el juzgado los expedientes que afectan a Alzira y Carcaixent, ambas poblaciones gobernadas por el Partido Popular". Al respecto, subrayó que la CHJ "nos pone en el punto de mira por su propia incompetencia, ya que la depuradora Alzira-Carcaixent debería estar un funcionamiento desde el año 1996 y lleva 10 años de retraso, lo que demuestra un incumplimiento flagrante de la CHJ". "Además, tenemos la sospecha de que antes de ponerse en funcionamiento ya será pequeña", dijo.
