Valencia.- El juzgado amplía la suspensión cautelar de los derribos de El Cabanyal a un edificio de la calle Escalante

VALENCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Valencia ha ordenado la suspensión cautelar de la licencia de derribo otorgada el pasado mes de noviembre por la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia para un edificio situado en el número 187 de la calle Escalante de la ciudad, en el Cabanyal-Canyamelar, según informaron hoy en rueda de prensa el portavoz de la Plataforma Salvem El Cabanyal, Faustino Villora, y el abogado de la entidad, José Luis Ramos.

Este es uno de los derribos programados por el consistorio, por medio de la empresa municipal Aumsa, dentro de la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de este barrio de la capital, un planeamiento que contempla la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar a través de esta zona.

Esta decisión judicial, dictada por medio de un auto emitido el pasado 13 de marzo por dicho juzgado, se suma a las ordenadas en el mismo sentido por esta misma instancia en mayo y diciembre del pasado año.

Entonces se decretó la suspensión cautelar de las licencias de derribo concedidas para los inmuebles situados en los números 181 y 201 de la calle Progreso; en los números 165 y 171 de José Benlliure; en el 140 de la calle Barraca; en los números 198 y 204 de la calle Escalante, todos ellos situados en el entorno de El Cabanyal considerado Bien de Interés Cultural (BIC); y en los números 21, 95 y 101 de la calle San Pedro y en el número 32 de Francisco Eixemenis, éstos fuera de la zona considerada BIC.

El derribo paralizado ahora afecta, según comentó José Luis Ramos, a un "edificio significativo", de dos plantas, que cuenta con un miramar, "un elemento singular de los barrios marítimos", que en el PGOU de 1998, "antes de plantearse la prolongación" de Blasco Ibáñez, estaba incluido como "protegido con nivel 2 --protección interior y exterior-- y que después "se descatalogó" como tal. Criticó que la administración "vaya en contra de sus propios actos".

El abogado de Salvem El Cabanyal aseguró en su comparencia, en la que también participaron el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, y la concejala de EU-Entesa, Mavi González, que el "valor patrimonial" de este inmueble está también avalado por el precio que el Ayuntamiento pagó para adquirirlo antes de ordenar su derribo, según dijo, "el doble". Al mismo tiempo, apuntó que la plataforma considera que el edificio se encuentra situado en la zona BIC porque la declaración de este entorno, "contempla toda la calle Escalante", afirmó.

Ramos, que aseguró que la suspensión de los derribos muestra la "falta de argumentos" del Ayuntamiento, criticó que los responsables municipales digan que Salvem El Cabanyal "pide la suspensión de todo lo que se hace en el barrio". Indicó que aplaude la aprobación de equipamientos y medidas como las peatonalizaciones pero no "los derribos sin licencia de construcción que dan lugar a solares".

Faustino Villora, por su lado, valoró en su comparecencia, esta nueva suspensión que atiende las peticiones realizadas por Salvem El Cabanyal en contra de los derribos. Consideró que el "goteo" de este tipo de licencias otorgadas por la administración municipal muestra el "acoso" a los vecinos de esta zona y pidió al consistorio, a raíz de las suspensiones decretadas, "que replantee" su actuación en este barrio porque "su forma de gobernar no es en aras del interés general", al tiempo que apeló a la "responsabilidad política" del PP, al frente del gobierno local.

Explicó que Aumsa ha adquirido desde 2001, tras llegar a un acuerdo con los propietarios, 32 de los 600 inmuebles afectados por el Pepri, y destacó que Salvem El Cabanyal ha logrado con sus recursos paralizar 12 de los derribos previstos (ha recurrido hasta la fecha un total de 17).

INTERES GENERAL

El portavoz de la plataforma señaló, en este sentido, que las actuaciones municipales en El Cabanyal "no obedecen a ningún plan específico", al tiempo que resaltó la "fuerza de resistencia" de este colectivo y su voluntad de "defender el patrimonio de todos".

Recordó que la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana que autorizaba el Pepri de este barrio no es firme, después de que el Tribunal Supremo aceptara un recurso de queja en contra que suspendía las intervenciones en el entorno BIC y de que esté pendiente el pronunciamiento del alto tribunal al respecto.

En esta línea, el auto señala, contrariamente a lo recogido en los informes jurídicos del consistorio, que la sentencia del TSJ que respaldaba el Pepri "no es firme", por lo que no considera "vigente y operativo" este plan. Así, estima que "no puede apreciarse que la no ejecución de los derribos perjudique el interés general" y subraya que "en tanto no se produzca una modificación de la situación jurídica actual (...) y, en consecuencia, la no aplicabilidad del Pepri para cuya ejecución fueron concedidas las licencias de derribo cuya ejecución se suspende, el interés general se vería perturbado si estos derribos se ejecutaran".

El abogado se preguntó, en este caso, "qué pasaría si se realizan los derribos y luego se declaran ilegales" y valoró que "por el principio de precaución de la actividad administrativa" se decida "suspenderlos".

FIANZA

Del mismo modo, la concejala de EU-Entesa, que se alegró por la suspensión, ya que "da la razón a algo por lo que se está luchando durante años", pidió al consistorio que "piense en el interés general, que se rehabilite el barrio y no se derribe". González lamentó que el Ayuntamiento solicite a la plataforma una fianza de un millón de euros como consecuencia de sus recursos y el "poco respeto" que esto supone hacia los vecinos, dijo.

El portavoz socialista consideró "ridículo" pedir esta fianza y lo atribuyó a la forma de ser del PP, al que acusó de defender "un plan sistemático para degradar" el Cabanyal "poco a poco" con el fin de "lograr que se den las circunstancias para justificar las actuaciones que el PP pretende".