VALENCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
El concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia Rafael Rubio denunció hoy que el Consistorio ha "multiplicado por cuatro" en dos años los intereses de demora que tiene que pagar por contratar obras o servicios para los que no disponía de suficiente presupuesto. En este sentido, Rubio afirmó que "de 701.000 euros por intereses de demora generados en el año 2003 se pasó a 3.094.000 euros en 2005".
Rubio, que hizo estas declaraciones en una rueda de prensa para analizar los resultados de la auditoría de gestión de las cuentas municipales correspondiente al año 2005 a la que también asistió el concejal socialista Juan Ferrer, añadió que "cada vez hay más expedientes que se tienen que tramitar como 'reconocimiento de crédito', es decir, que se contratan obras y servicios para los que --el ayuntamiento-- no tiene suficiente presupuesto y luego hay que hacer modificaciones de créditos para pagarlas" para lo cual, se hace un "reconocimiento extrajudicial de la deuda y, como consecuencia, los intereses de demora cada vez suman más".
En este sentido, aseveró que éste "es un claro indicador de la evolución de la economía valenciana", cuyo resultado es que "la deuda municipal está en el 132 por ciento", por lo cual, se comprometió a llevar a cabo "tres ideas básicas" si su partido gana las elecciones municipales el próximo mes de mayo para que "las cuentas municipales estén saneadas y que todas las empresas, independientemente de cómo se llamen o quién las constituya, puedan tener opción a trabajar con el Ayuntamiento de Valencia".
El primero de los compromisos del PSPV, explicó Rubio, es "no subir en los próximos cuatro años la presión fiscal de los ciudadanos". Sobre esta idea, señaló que no se cree el anuncio que el PP hizo ayer de no subir los impuestos municipales y añadió que "en este mandato ya los ha subido bastante". En segundo lugar, se comprometió a crear una comisión especial "para el control de la contratación pública en la cual tendría cabida la oposición municipal".
Como tercer compromiso, indicó que "las contratas de mantenimiento de servicios del Ayuntamiento no ejecutarán automáticamente las obras de inversión" y concretó que sacarán a concurso las obras "para favorecer la libre concurrencia de las empresas, para que haya más transparencia en la gestión y para favorecer a las pymes, así como a las empresas familiares, para que puedan concursar a aquellas obras que el ayuntamiento de su ciudad plantea".
En este último punto, criticó que en la citada auditoría se ve que hay "ocho resoluciones diferentes para la remodelación de diferentes calles, que suman 53.000 euros, y las ocho se le han dado a la misma empresa, ¿dónde está la libertad de concurrencia?", se preguntó Rubio. Así, concretó que, "en este momento, hay 10 grandes empresas que asumen las grandes contratas" y también "las obras pequeñas y no tan pequeñas que esas contratas llevan aparejadas", en una situación de "contratación a los amigos".
A su vez, Rubio lamentó que "la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, diga que la circular del ministerio respecto al reconocimiento de la deuda --que dice que hay que computar todos los créditos, se disponga de ellos o no-- le importa un pito".
Por su parte, el concejal socialista Juan Ferrer resaltó que "la auditoría de gestión de las cuentas municipales establece que todos los indicadores de gestión del ayuntamiento han empeorado".
Ferrer matizó que, según la auditoría, "el presupuesto está mal hecho y denuncia la cantidad de expedientes detectados tramitados sin autorización y sin presupuesto". Asimismo, dijo que "no se cumple escrupulosamente la Ley de Contratos del Estado", es más, aseguró, "no son legales", y "muchos son contradictorios, que lo que se va a hacer es tan distinto a lo que se contrató, que los precios no estaban previstos en la contrata e incluso, en algunos casos, los precios se han establecido después de haberse acabado la obra".
En la misma línea detalló que "están mal calculados los tiempos de ejecución de las obras o servicios contratados y los costes, por eso hay sobrecostes". Así, Ferrer dijo que el consistorio "contrata mal, planea mal, vuelve a presupuestar el detalle mal, controla mal y ejecuta mal" y concretó que "en el año 2005 se han detectado 838 expedientes de contratación mal hechos, y eso sólo de los auditados", apostilló.
También hizo hincapié en que así "el gasto del Ayuntamiento no contribuye a dinamizar la economía local valenciana, no puede ser que como las demoras en los pago son tan largas, solamente puedan concurrir empresas con una gran capacidad de capitalización".
Por contra, afirmó que "lo único que hace bien el Ayuntamiento es la auditoría de ingresos" pues "cumple escrupulosamente la ley a la hora de cobrar, y excepto las multas, la media en recaudación de impuestos está entre el 91 y el 93 por ciento". Así, para Ferrer "calma al cielo que cobrando bien, gaste mal".
Ferrer comentó también "los agujeros en la emisión de recibos a las administraciones". En este sentido, se refirió a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, (cacsa) en relación al "impuesto de bienes inmuebles, la contribución urbana y para el impuesto de construcciones, instalaciones y obras por impagos de recibos".
Sobre el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia, la auditoría, según Ferrer, dice que "las subvenciones otorgadas por este centro no se han ajustado a la ley", con lo que "sólo el 12 por ciento de las subvenciones que otorga sale a concurso".
Finalmente, comentó el caso de la empresa Tribugest, la empresa que gestiona las multas de tráfico y que ha advertido al Ayuntamiento mediante una carta al concejal de Hacienda que de no cobrar lo que le debe por su gestión, dejará de prestar el servicio el 30 de septiembre. Al respecto, Ferrer afirmó que "la situación denunciada por Tribugest en su carta, no es un caso aislado, sino que es el caso del 120 por ciento de las contratas", concluyó el concejal socialista.