València regulará los fraudes en el padrón municipal en la nueva ordenanza de convivencia y civismo

   VALÈNCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de València regulará los fraudes en el padrón municipal en la nueva ordenanza de convivencia y civismo ante el incremento de casos de empadronamientos fraudulentos que se han detectado desde el Servicio de Padrón.

   La iniciativa pretende dotar al consistorio de una herramienta normativa "eficaz" que permita actuar frente a aquellas personas que faciliten o promuevan inscripciones irregulares en viviendas donde las personas empadronadas no residen realmente, según ha sostenido el consistorio en un comunicado.

   Desde el Ayuntamiento han apuntado que la legislación vigente establece la obligación de empadronarse en el municipio y en el domicilio donde se reside habitualmente y, en este sentido, el padrón es un instrumento esencial para conocer la realidad demográfica de la ciudad y planificar adecuadamente los servicios públicos.

   En este sentido, en los últimos meses el Ayuntamiento ha trasladado a la Fiscalía de hasta 15 supuestos de fraude en el trámite del padrón (11 con certificados de empadronamiento falsos y otros cuatro de supuestos contratos falsos). Por ello, el concejal de Transparencia, Información y Defensa de la Ciudadanía, Juan Carlos Caballero, ha considerado necesario actuar para "garantizar el cumplimiento de la ley porque estos fraudes distorsionan la realidad censal, dificultan la gestión municipal y general prejuicios al vecindario".

   Los servicios municipales trabajan actualmente en la redacción del articulado que se incorporará a la ordenanza que elabora la Concejalía de Seguridad y que recogerá sanciones ante las infracciones que supongan incumplimientos relacionados con las obligaciones de la ciudadanía respecto al padrón municipal, especialmente en los casos en los que se facilite el empadronamiento de personas que no viven efectivamente en el domicilio declarado.

   Asimismo, esta medida, que ya contemplan otras ciudades españolas como Lorca (Murcia) o Tres Cantos (Madrid), pretende "fomentar la corresponsabilidad ciudadana, concienciar sobre las consecuencias legales y de convivencia" que se deriven de estas prácticas fraudulentas y avanzar hacia un padrón "más ajustado a la realidad de la ciudad".