VALENCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las medidas adoptadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav) con el turno de oficio --como consecuencia de los impagos que sufren por parte del Consell-- han provocado a lo largo de este mes de febrero "decenas" de quejas de jueces y numerosas suspensiones tanto de juicios rápidos como de declaraciones de detenidos.
Así lo ha indicado el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, en declaraciones a Europa Press, quien ha insistido en que pese a que respeta tanto la postura del Icav como la de la Conselleria de Justicia --quienes están negociando las aportaciones económicas para el turno de oficio y el tema de los impagos--, también tiene que defender los intereses de los jueces.
De esta forma, Viguer ha advertido de que las últimas medidas adoptadas por el Colegio respecto a suspender los martes, desde las 10 hasta las 14 horas, el Servicio de Guardia-Asistencia al detenido, o a recortar los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) del Registro Civil, de Dependencia y el Penitenciario, entre otros, "están perjudicando el funcionamiento de los juzgados y de los ciudadanos".
Estas medidas, que entraron en vigor este mes de febrero de manera provisional, están "perjudicando" a los órganos judiciales. El juez decano ha comentado que durante los primeros días de mes no hubo especiales incidencias, pero la situación "ha ido 'in crescendo'".
Así, a medida que van pasando los días, las incidencias registradas tanto en los juzgados de Valencia como en la de otros partidos judiciales "son cada vez más numerosas". Y el punto culminante se alcanzó este martes, cuando se recibieron numerosas quejas por parte de jueces, ya que se había tenido que suspender la celebración de juicios rápidos y las declaraciones de varios imputados al no contar con la asistencia de un letrado de oficio.
Las quejas --que no se quedan solo en la provincia de Valencia, si no que también se extienden a juzgados de Castellón y Alicante-- se han presentado tanto por escrito como de forma verbal, vía telefónica. "Los quejan son de los jueces, sobre todo los de los partidos judiciales", ha concretado Viguer. Las incidencias registradas se centran en la suspensión de diligencias; el retraso en las entradas y registros; la suspensión también de juicios rápidos --entre ellos los relacionados con violencia de género--; o el retraso en la toma de declaración a los detenidos.
Al respecto, Viguer ha recordado que el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un plazo máximo de ocho horas para que se presente en el juzgado de guardia un letrado del turno de oficio, pero ha matizado que estas ocho horas son un plazo "máximo", y la normativa concreta que no obstante, la asistencia debe efectuarse "en la mayor brevedad". Así, ha insistido en que no puede haber demoras en la asistencia letrada al detenido, porque es un derecho constitucional.
Viguer ha indicado que cuando se ha registrado algún problema en los juzgados de Valencia, se ha puesto en contacto con el decano del Icav, Mariano Durán, y éste "lo ha solucionado inmediatamente". Así, entiende que "ha habido interés por solucionar el problema, pero eso se está produciendo todos los días y no podemos estar en esta situación. No es asumible", ha dicho.
Por este motivo, considera "totalmente razonable" el acuerdo adoptado este miércoles por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que hacía hincapié en tres cuestiones: la existencia de problemas con la coordinación del turno de oficio; recordaba que la asistencia al detenido debía de ser inmediata; y afirmaba que en los casos en los que se solicite la designación provisional de abogado y procurador cuando se trata de un litigante que tiene justicia gratuita, esto "debe efectuarse".
RESPETO, PERO PIDE SOLUCIONES
Viguer ha reiterado en diversas ocasiones su "respeto" a la postura del Icav, puesto que los abogados "son los principales garantes de los derechos de los ciudadanos", pero ha lamentado que también se estén produciendo una serie de "disfunciones" que "están afectando al normal funcionamiento de los juzgados". "Y por supuesto nosotros no queremos entrar en ningún conflicto institucional, pero el conflicto entre el colegio y la conselleria está repercutiendo en los juzgados, y algo tendremos que decir al respecto", ha aseverado.
Ha indicado que "no podemos estar todos los días en esta situación y tenemos derecho a decir cuáles son las incidencias negativas de la situación", y ha agregado que la principal preocupación de los jueces es "los ciudadanos" y que en este caso se trata de cuestiones "muy delicadas".
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