MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha aprobado la reforma de su Estatutos, que deberán ratificarse en la Asamblea General el próximo 27 de diciembre, adaptándose de esta manera a la nueva Ley de Propiedad Intelectual aprobada el pasado martes.
Igualmente, según han adelantado a Europa Press fuentes de la entidad, la Junta Directiva también ha aprobado las normas de reparto conforme a lo que marca la Ley de Propiedad Intelectual y que deberán ser avaladas por parte de la Asamblea General.
Precisamente, la reforma de la LPI aprobada en el Congreso el pasado martes busca frenar prácticas como 'La Rueda', bajo investigación judicial por el presunto registro de forma fraudulenta de modificaciones de obras originales (y por tanto libres de derecho de autor) sin variación alguna de las auténticas para ser emitidas en programas nocturnos de televisión.
En la reforma se ha determinado que las entidades de gestión adopten las medidas necesarias, incluyendo la fijación de topes de reparto cuando sea procedente, para evitar que obras reciban cantidades desproporcionadas en relación a los rendimientos comerciales o de audiencia que se producen durante su explotación.
En concreto, se establece que no se superará en ningún caso el 20% del total recaudado por un caso intensivo, cuando la radiodifusión en los que el valor comercial por el uso de las obras y prestaciones protegidas sea testimonial por ausencia de audiencia significativa.
Además, para las entidades de gestión que recauden anualmente una cifra igual o superior a 100 millones de euros en el ejercicio anual anterior --como es el caso de la SGAE--, la obligación para nombrar como miembros del organismo de control a un número de terceros independientes igual al número de miembros de la entidad de gestión que integren dicho órgano.
En cuanto a los estatutos, se establece que el régimen de voto no permitirá que se produzcan concentraciones mayoritarias en poder de un número reducido de miembros, si ello constriñe la democracia interna o altera de alguna forma la libertad de actuación de la asamblea general.
Asimismo, se deberá velar porque aquellos titulares de derechos que pertenezcan a empresas usuarias no ocupen puestos en los órganos de gobierno, ni participen en las tomas de decisión en que pudiera existir un conflicto de intereses.
