VALLADOLID, 18 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -
La Junta de Castilla y León no descarta la posibilidad de acudir por la vía de lo contencioso-administrativo tras la comunicación recibida hoy por parte del Ministerio de Cultura en la que se asegura que el próximo jueves día 19 saldrán los papeles del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca en cumplimiento de la Ley de Restitución a Cataluña aprobada el pasado mes de noviembre.
Así lo anunció hoy la consejera de Cultura y Turismo, Silvia Clemente, quien aseguró que el equipo jurídico del Gobierno regional estudia en estos momentos la posibilidad de recurrir por la vía de lo contencioso-administrativo la comunicación recibida hoy, en la que a su juicio no se detallan los papeles que saldrán, que además deberían de ser identificados por una Comisión que aún no se ha creado.
De este modo y según la consejera de Cultura de Castilla y León, también se ha presentado al Tribunal Constitucional la carta recibida hoy en la Consejería por parte del Ministerio, así como una petición de agilización del trámite, tras la interposición de un recurso de inconstitucionalidad que, para Clemente, perseguía la inmovilización de las cajas hasta la identificación de los legajos de manera previa a su salida.
Según explicó Clemente, la documentación se divide entre la que fue microfilmada en 1982 y que perteneció a la Generalitat y al Parlamento catalán y la que pertenece a personas físicas o jurídicas por lo que, aseguró, entre las cajas que saldrán del colegio de San Ambrosio existen papeles que no pertenecen a las instituciones catalanas, según se puede comprobar en la propia web del Ministerio de Cultura.
A su vez y según establece la ley, los documentos tienen que ser identificados y depurados previos a su salida por una comisión que, apuntó, no ha sido constituida, por lo que en su opinión, el Gobierno está "dispuesto" a incumplir de manera "clara y flagrante" una ley "mala y nefasta" aprobada hace dos meses.
En este sentido, la consejera de Cultura recordó que Carmen Calvo anunció la salida "inminente" de los legajos tras la Comisión de Expertos y posteriormente tuvo que esperar a la redacción y aprobación de la ley para incurrir en la actualidad en un nuevo "incumplimiento", a lo que matizó que la exigencia del cumplimiento de la legalidad por parte de la Junta ha permitido llegar "hasta este momento".
Tras señalar que estas dos cuestiones se han remitido por carta a la ministra de Cultura en respuesta a su comunicación, Clemente destacó que el objetivo de la rápida salida de los legajos responde a la exposición que tiene previsto organizar la Generalitat con los fondos que salgan de Salamanca, así como a las "exigencias y caprichos" de los nacionalistas.
En la misma línea, la consejera de Cultura calificó de "imprecisa" la comunicación recibida esta mañana por parte del Ministerio ya que debería de detallar y enumerar los documentos que se quieren trasladar y que a su vez deberían de ser identificados por la citada comisión, que es la que tiene competencia sobre esta materia.
En su opinión, este "incumplimiento" de la ley es "querido y voluntario" por parte del Gobierno central ya que, además, Calvo anunció durante la reunión del Patronato de la pasada semana la constitución de una comisión que no ha sido creada, por lo que la ministra Calvo ya comunica "lo que la comisión va a decidir" antes de su creación.
CONVENIO 1982.
Durante su comparecencia ante la prensa, Silvia Clemente apuntó que el convenio entre el Gobierno y la Generalitat firmado en 1982 para microfilmar los documentos no puede justificar ahora la salida de todos los legajos y sentenció que no se puede llamar "restitución" a la acción de devolver algo que "nunca le perteneció" a alguien, como en el caso de los vinculados al juzgado de Igualada o a las milicias antifascistas.
"Se trata de un incumplimiento con rango superior a los de hasta ahora", señaló Clemente, quien aseguró que tanto para la Junta como para los ciudadanos esta situación provoca una "desmoralización" debido a la vulneración de tanto de la ley como de la propia Constitución Española.
En referencia a la posibilidad de que los legajos hayan sido identificados sin que exista la Comisión pertinente, Clemente manifestó que si se ha hecho "de espaldas" se incumple igualmente la ley y mostró su deseo de que tanto el Ministerio de Cultura como la propia ministra Calvo cumpliera los plazos para con el patrimonio de Castilla y León con la misma agilidad que se ha hecho con el Archivo.
En esta línea, la consejera de Cultura recordó que tanto el Plan de Catedrales como el de Monasterios están parados por el Gobierno por lo que pidió que podrían actuar del mismo modo que con el Archivo a la hora de ejecutar los presupuestos dirigidos al patrimonio de la Comunidad.
MOVILIZACIONES.
La consejera de Cultura anunció, asimismo, que el Ejecutivo regional no convocará ni llamará a la movilización ciudadana ante la inmediata salida de los legajos aunque matizó que todo el mundo tiene "abierto" el derecho de manifestación.
"Ha quedado patente el agravio y el ultraje al que se va a someter a Castilla y León", señaló la consejera de Cultura, quien añadió que al Gobierno no le interesa ni el patrimonio de Castilla y León ni la memoria de los españoles.
En referencia a la reunión mantenida ayer entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Silvia Clemente consideró una "falta de consideración" el hecho de que Zapatero no concretara la fecha definitiva de la salida ante la inminencia del anuncio hecho hoy.
Asimismo, esta actitud responde al "desconocimiento" por parte del presidente del Gobierno del proceso "y de lo que se está haciendo" con los legajos del Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca.
