MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados recibirá, a partir de mañana, a una veintena de asociaciones vinculadas al sector del Libro quienes aportarán sus conclusiones sobre la futura Ley del la Lectura, del libro y las Bibliotecas.
Acudirán, entre otros, respresentantes de la Asociación Colegial de Escritores, autores y traductores; el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO); la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE); la Confederación Española de Libreros (CEGAL); el Consejo de Consumidores y Usuarios CCU, Fundación Germán Sánchez Ruipérez; el Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña; la Asociación de Editores de Galicia y algún represente de la Biblioteca Nacional.
La portavoz de Cultura del Partido Popular, Beatriz Rodríguez-Salmones, declaró a Europa Press que después de las intervenciones de las distintas asociaciones, su grupo parlamentario presentará alrededor de medio centenar de enmiendas parciales al articulado de la Ley del Libro, cuya principal novedad es que consolida el precio fijo de los libros y que establece para los libros de texto el precio libre.
Rodríguez-Salmones explicó que los comparececientes tendrán que ofrecer su valoración de la Ley, señalar los puntos de acuerdo y desacuerdo y aportar las cuestiones que echen en falta en este texto legislativo.
Esquerra Republicana e IU-ICV, los dos socios de los socialistas en el tripartito catalán y aliados estables del PSOE en el Congreso, anunciaron la semana pasada que presentarán una enmienda a la totalidad a esta Ley del libro porque hay aspectos que "chocan" con el nuevo Estatut y que plantean "graves" problemas competenciales.
Según explicó Joan Tardá, portavoz de Cultura en el Congreso, la Ley del Libro plantea "problemas competenciales graves" en materia de bibliotecas, pero no es el único proyecto que "choca" con el Estatut.
En el texto de la enmienda, ERC declara que la Ley define "conceptos y principios de actuación vinculantes; y reconoce a los órganos estatales facultados para crear e impulsar mecanismo de cooperación que enmarquen la actuación autonómica en los sectores culturales regulados. Esta orientación general del proyecto no se conjuga adecuadamente con el refuerzo y garantía de la exclusividad de las competencias de la Generalitat de Catalunya sobre el fomento de la cultura que ha supuesto el nuevo estatuto".
