LAS ROZAS (MADRID), 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Andreu Camps, manifestó este jueves "la absoluta y completa confianza" del organismo en el colectivo arbitral pese a las informaciones relacionadas con el 'caso Negreira', y advirtió que han podido "constatar que una persona con responsabilidad gubernamental" tenía conocimiento de los hechos y "no lo denunció", y que un miembro del estamento no ha querido colaborar en el cuestionario que se envió.
"Quiero manifestar la absoluta y completa confianza de esta RFEF y su presidente con todo el colectivo arbitral y que ninguna actuación que pudiera acreditarse, incluso si la misma es objetivo de lícito penal, puede desacreditarles y hacer dudar de su plena honradez. Si se acredita algo, nos negamos en redondo a que esto deba tener consecuencias negativas en nuestros honestos y profesionales miembros del colectivo arbitral", expresó Camps en comparecencia ante los medios junto a Luis Medina Cantalejo, presidente del CTA.
El directivo federativo hizo una cronología de los hechos, limitándose a dar "explicaciones objetivas que no pueda dañar la investigación que se está desarrollando y que se debe seguir desarrollando", y que para el organismo "lo importante es llegar hasta el final de esta investigación". En este sentido, dejó claro que sus servicios jurídicos les han indicado que en este momento sería "contraproducente" presentar una querella como ya ha hecho a título individual el colegiado catalán Xavier Estrada Fernández, una posición que consideró "respetable".
"Pero también debe ser respetada la de RFEF. Si la Fiscalía denuncia, la RFEF se personará, si el juez la admite, la RFEF se personará y si no, la RFEF tendrá que ver si con las informaciones de las que dispone puede presentar denuncia", agregó. "Si no se ha interpuesto una querella de manera inmediata es porque con la información disponible no permitiría hacerlo, ahora sólo son conjeturas que van tomando cuerpo a través de la investigación del Ministerio Fiscal", aclaró.
El directivo recalcó que los medios con los que cuentan la Agencia Tributaria (AEAT) y la Fiscalía "son diferentes en intensidad y capacidad legal a los que pueda tener esta RFEF y la administración deportiva". "Entendemos que el peso principal deben llevarlo aquellas entidades con capacidad jurídica y, sobre todo, coercitiva y con medios para poder llevarla de forma completa y exhaustiva. Nuestro rol es el de contribuir activamente. Si hubiese comisión de delito, presentaríamos una querella, pero entendemos que nuestra función ahora es ser entidad colaboradora", zanjó.
Camps confirmó que la investigación que está llevando la Fiscalía "no es de días ni de semanas" y que durante la que han realizado desde la federación han podido "constatar que alguna persona conociendo de primera mano" los hechos no los denunció "cuando tenía una responsabilidad gubernamental", si bien no dio ningún nombre pese a ser preguntado por la figura de Albert Soler.
Además, informó que todos los árbitros y delegados informadores, menos uno, habían contribuido a la investigación interna. "Sólo un árbitro ni aportó ni contestó ni remitió la información solicitada", confesó. "Confirmo que el cuestionario que han publicado algunos medios y que pasó el CTA a sus miembros es correcto. La RFEF deplora la actitud del miembro del colectivo que lo puso en conocimiento de los medios", prosiguió Camps.
Este insistió en "no emitir ningún juicio de valor ni ningún avance sobre decisiones de otras instancias" y que el ente federativo entregará "toda la información relevante" que posea. "Sería una temeridad difundir cualquier tipo de información que no esté primero en conocimiento de los organismo judiciales, gubernamentales y deportivos", avisó.
El directivo calificó la actual situación como "compleja", pero recordó que con la llegada de Luis Rubiales a la presidencia se renovó completamente el CTA, cesando entre otros a José María Enríquez Negreira, el cual les envió un año después tres burofax "alegando que se le había despedido de forma irregular y solicitando su readmisión o algún tipo de acuerdo económico". "No se contestó a ninguna y no tenemos constancia de ninguna demanda", acotó.
También pusieron en marcha acciones para evitar la "existencia de conflictos de intereses en los cargos directivos y ejecutivos" y contrataron una empresa para vigilar cualquier "tipo de amaño" que, en sus "diversas alertas", nunca les informó de ninguna relacionada con el 'caso Negreira'.
REQUERIMIENTOS DE LA FISCALÍA EN 2022 REFERIDOS A ENRÍQUEZ NEGREIRA
El secretario general recalcó que en cuanto tuvieron conocimiento de las informaciones en los medios, Luis Rubiales decidió ponerlo todo "en manos del Departamento de Integridad", que es el que se está encargando de recopilar toda la información del CTA y del FC Barcelona, y que "obrase en consecuencia". "Esta información es reservada. Primero hay que ponerla en conocimiento de los organismos judiciales, gubernamentales y deportivos. Si ellos entienden que es público, lo haremos", argumentó.
Camps indicó también que el pasado viernes el Departamento de Integración de la UEFA les solicitó "información completa sobre este tema", que le enviaron el lunes y poniéndose "a su disposición por si había que realizar algún otro tipo de actuación". "Nos hemos ofrecido para cualquier otra acción que nos dijeran, pero no soy juez de competición ni de disciplina ni director de Integridad", sentenció preguntado por posibles sanciones del organismo europeo al FC Barcelona.
El secretario general federativo también reconoció que la empresa Dasnil, creada por Enríquez Negreira, y Soccercamp, propiedad de su hijo Javier, facturaron a la RFEF algunos servicios, y que Javier Enríquez Romero recibió varios pagos entre 2005 y 2012, "de entre 250 euros y poco más de 13.000 euros (por su participación en el 'staff' técnico de la EURO 2008)", pero que no habían visto nada irregular.
El dirigente informó igualmente que cuando la AEAT se puso en contacto con el organismo "el 18 de octubre de 2021" para conocer "datos económicos, funciones y normativo del CTA", no estaba "relacionado relacionada con persona alguna" y que ahora entienden "que se refería a este asunto".
"Hemos conocido que fue la propia AEAT la que elevó la denuncia a la Fiscalía, que nos hizo dos requerimientos en junio y octubre de 2022, sí referidas a Enríquez Negreira y sus funciones en el CTA, el sistema de designación y con que fechas de antelación se comunicaban", relató Camps.
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