JAÉN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El máximo accionista del Real Jaén, Carlos Sánchez, ha mostrado su satisfacción al haberse "puesto las cosas en su sitio", después de que el juez haya dictado el sobreseimiento de la causa en la que tanto él como su hija y vicepresidenta segunda, Tamara Sánchez, y un empleado del club fueron sido imputados por un presunto delito de desórdenes públicos, a raíz de los altercados del pleno municipal de julio.
Según ha explicado Sánchez a Europa Press, "se estaba sacando todo de contexto y creando una alarma inexistente" por el hecho de ser la persona pública que es, si bien ha hecho hincapié en que "al final se han puesto las cosas en su sitio" y está muy satisfecho "porque ha imperado el sentido común".
Por ello, el máximo accionista del club jiennense ha destacado que con esta decisión "se demuestra que la Justicia funciona en España y en este caso, además, de forma rápida".
En este sentido, recordó que, tras la declaración de los implicados, el análisis del informe policial y el acta de la polémica sesión, la juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén ha considerado que ninguno de los imputados por estos hechos cometieron delito alguno, como adelanta Diario Jaén.
Sánchez siempre mantuvo que en el pleno lo que hubo "claramente" fue un "forcejeo" entre un miembro de las fuerzas de seguridad y directivos, entre los que se encontraba él presente, pero que "no hubo ningún tipo de agresión ni golpe". Así, se había mostrado "totalmente tranquilo" con toda esta situación, que no iba a evitar que siguiera "trabajando a tope como cada día".
La polémica sesión se celebró el pasado 30 de julio y en ella se vivieron momentos de tensión entre partidarios y detractores de un convenio urbanístico que incluye aprovechamientos urbanísticos por valor de seis millones de euros.
Los mismos, según el grupo municipal socialista, iban a ayudar al Real Jaén, ya que el propietario se había comprometido a aportar una cantidad que serviría para salvar al equipo.
No obstante, el convenio fue rechazado al recibir únicamente los votos favorables del PSOE y los contrarios del PP e IU --grupo que forma parte del equipo de gobierno en la capital junto con los socialistas--, lo que derivó en una trifulca entre las personas que estaban a favor del convenio y los contrarios.