MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Liga de Fútbol Profesional (LFP) estima que ingresaría entre 2.000 y 2.500 millones de euros por los derechos de televisión si no pirateasen sus partidos de fútbol, según datos del Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2014 hechos públicos este martes.
"Es difícil poner un dato, pero si vemos lo que se gana en la Premier y quitamos desajustes de variables, podríamos estar entre 2.000 y 2.500 millones de euros", ha apuntado el director de desarrollo estratégico de la LFP, Ignacio Martínez, quien ha mantenido la petición de respaldo a la industria para evitar la piratería.
En este sentido, Martínez ha instado a "ser espabilados" para defender el valor de las emisiones de fútbol porque, de lo contrario, "se perderá competitividad" respecto a otros países como Inglaterra donde entiende que sí se ha puesto coto a esta actividad ilegal.
El informe señala que el dinero que este sector deja de ganar con la piratería asciende a 227 millones de euros, si bien Martínez también ha dado una cifra estimativa de lo que podría perderse en la negociación por los derechos televisivos.
Según el dirigente de la LFP, la piratería lleva a una venta de derechos televisivos "cuatro veces por debajo de lo que debería ser", situando por encima de los 2.500 millones de euros la cantidad que tendría que ingresarse por este concepto.
Preguntado sobre la idoneidad de continuar emitiendo un partido en abierto, ha insistido en que a la LFP "no le gusta" esta opción porque "supone una pérdida importante del valor del producto". Además, ha ironizado con que incluso este partido "también es pirateado y hace perder más dinero".
Martínez ha incidido en las actuaciones iniciadas por la Liga para combatir la piratería, centradas principalmente en la publicidad insertada en páginas web ilegales. "Hemos mandado burofaxes a anunciantes, uno a uno, con copias de dónde aparece su publicidad. También nos hemos reunido con centrales de medios, con Google...", ha aseverado.
"Estamos dedicando muchos esfuerzos porque nos estamos jugando la vida. El fútbol es diversión pero si no le protegemos, podríamos pasar tiempos difíciles. Hay una percepción de que lo pirata es casi legal, pero los usuarios deberían empezar a preguntarse donde va el dinero que ganan estas páginas", ha concluido.
Por su parte, la directora de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, Carlota Navarrete, ha criticado al Gobierno al entender que "no está cumpliendo con su obligación, que es hacer respetar las leyes" en la lucha contra la piratería de contenidos.
Durante la presentación de los datos del Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2014, Navarrete ha señalado que "no se le puede pedir más a una industria" que, por ejemplo, se ve obligada a "esperar pacientemente" a que se inicie un expediente de cierre de web 1.000 días después de haber denunciado.
"Nos hemos sentido injustamente tratados. No se nos puede pedir más para tratar de atajar un problema que realmente no es de la industrias que lo padecen, sino del Gobierno y las fuerzas políticas que tienen obligación de hacer que se respeten las leyes y los derechos", ha aseverado.
Navarrete ha explicado que desde el comienzo del año la Coalición ha mantenido tres reuniones con la Secretaría de Estado de Cultura para abordar la nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. "Hemos tratado de entender y colaborar para saber hasta dónde podíamos llegar porque estamos deseosos de que esta herramienta funcione", ha indicado.
La portavoz de esta plataforma ha recordado que la reforma aprobada el año pasado no le parece "la más adecuada", si bien ha insistido en su disposición a colaborar. "No queríamos esta reforma, pero una vez se ha aplicado pedimos que se aplique con eficiencia", ha indicado.
En este sentido, ha destacado los 410 días de media que calculan para iniciar el expediente de cierre de webs, que contrastan con los 150 días que defiende Cultura. Asimismo, Navarrete ha afirmado que, en algunos casos, se han encontrado con expedientes que han tardado más de 1.000 días en tramitarse.
