Archivo - Fachada de potal con carteles de alquiler - EUROPA PRESS - Archivo
MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región de Madrid (Acurema) y el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) han denunciado a dos inmobiliarias y a un grupo inversor por publicidad engañosa, después de detectar, a través de una investigación, que 12 de los 13 anuncios de compra y venta de vivienda analizados que simulaban proceder de particulares pertenecían en realidad a empresas.
Las tres entidades han llevado a cabo un 'mystery shopping' para averiguar la autoría de los panfletos anónimos de compra o venta de viviendas que aparecen en buzones y parabrisas, y han concluido que 11 de los anuncios correspondían a inmobiliarias y uno a un grupo inversor.
Según las organiaciones, estos anuncios incumplen la Ley de Defensa de los Derechos de las Personas Consumidoras al no incluir información sobre la empresa responsable de su difusión.
Asimismo, las organizaciones sostienen que los panfletos están diseñados de forma informal, con textos escritos a mano, para simular que detrás de ellos existe un particular con una necesidad urgente de realizar una operación inmobiliaria. A su juicio, esta práctica podría incumplir también la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Publicidad.
Las entidades señalan que estos anuncios suelen apelar a la urgencia y a la oportunidad y recurren a historias ficticias para generar empatía entre los propietarios de viviendas.
Por ello, han presentado una denuncia ante la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid para que investigue esta práctica y actúe ante lo que consideran publicidad engañosa.
El experto en vivienda de CECU Eloy Gutiérrez ha asegurado que no se puede permitir que las empresas utilicen este tipo de publicidad para captar vivienda "aprovechándose del desconocimiento de personas que no acceden a las plataformas digitales de compraventa de viviendas habituales".
Gutiérrez ha señalado que esta práctica "forma parte de las compras de vivienda especulativas que deben ser prohibidas".
Por su parte, el portavoz de CAES, Javier Rubio, ha afirmado que este tipo de prácticas son "la punta del iceberg" de las actividades abusivas de muchas empresas inmobiliarias y muestran "la falta de control y agresividad con la que se opera en el mercado inmobiliario".
La portavoz de Acurema, Marta Mateos, ha indicado que esta es "solo la última de una larga lista de denuncias interpuestas contra inmobiliarias y fondos de inversión por prácticas abusivas", especialmente desde el recrudecimiento de la crisis de acceso a la vivienda.
Mateos ha reclamado que la Comunidad de Madrid "escuche el clamor social" y no mire "hacia otro lado" ante esta práctica y otros abusos que, según ha señalado, se cometen a diario.
