MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró hoy que la nueva regulación del acoso inmobiliario recogida en el Código Penal, que castiga esta conducta con penas de prisión de seis meses a dos años, combate la especulación, con el fin de "evitar que nunca vuelva a forzar a nadie a salir de su hogar", y auguró que "aumentará la protección de las víctimas del acoso".
Durante su comparecencia en el pleno de control al Gobierno en el Senado, Corredor afirmó que el Ejecutivo "desincentiva" la especulación y corrupción urbanística con medidas como la Ley del Suelo, la "dificulta" con el Sistema de Información Urbana y la "persigue" cuando existen indicios de acoso.
Así, la titular de la cartera de Vivienda tildó de "grave e inaceptable" el 'mobbing' inmobiliario y se congratuló de que "estas conductas éticamente rechazables" se incluyan ahora dentro del ordenamiento jurídico. "Se trata de ataques y abusos a través de conductas éticamente rechazables y, ahora, penalmente condenables", incidió.
En este sentido, Corredor recordó que las penas por acoso inmobiliario oscilan entre los seis meses y los dos años al tipificarse como "acciones humillantes" que impiden el disfrute efectivo de una vivienda.
"Se trata de tipificar mejor las conductas abusivas y los ataques encaminados a obligar a cualquier ciudadano a abandonar su hogar con el objeto de alcanzar objetivos especuladores", matizó la ministra.
RBE, SOLO PARA JÓVENES NECESITADOS.
Por otro lado, Corredor garantizó que la ayuda de 210 euros contemplados en la Renta Básica de Emancipación (RBE) se destina "sólo a los jóvenes que realmente la necesitan".
"El complejo procedimiento se enmarca escrupulosamente en la Constitución para garantizarse sólo a los jóvenes que realmente necesiten la ayuda. Es dinero público y debemos ser muy escrupulosos", explicó la responsable de Vivienda a una pregunta del Grupo Parlamentario de CiU.
Al respecto, Corredor calificó la tramitación en los pagos de la RBE de "eficaz" y comparó los plazos en la gestión del Estado con las ayudas competentes de las CC.AA.
"Las comunidades tramitan los pagos con una media de 106 días mientras que Estado lo hace en 39 días", apuntó la ministra, quien puntualizó que "existe contacto" con las administraciones autonómicas para "agilizar" los trámites.
Por último, Corredor recordó que casi 150.00 jóvenes están cobrando la renta de ayuda al alquiler e hizo especial hincapié en los 375 millones de euros destinados a la RBE en los PGE de 2010.
"Pese a las dificultades económicas de la crisis son más los jóvenes que se benefician de la ayuda, lo que demuestra que es necesaria para los jóvenes españoles", concluyó.
