MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Económico y Social (CES) aprobó hoy el dictamen sobre el anteproyecto de la ley de suelo por 39 votos a favor, 5 en contra y una abstención. El órgano consultivo lo calificó de "oportuno" e hizo hincapié en la necesidad de asegurar un cumplimiento efectivo del mismo.
Asimismo, destacó a través de un comunicado que la nueva norma resolverá los "importantes conflictos de competencias con las comunidades autónomas" que generó la Ley de 1998, así como las discrepancias que han venido aflorando en torno a la clasificación del suelo y el régimen de valoraciones.
Concretamente, el CES estimó "adecuado" el cambio en el régimen de valoraciones, que pretende ajustar el valor del suelo a su situación real, por cuanto puede redundar "en una menor tensión especulativa sobre el mercado del suelo y contribuir a una menor repercusión de este factor en los costes de la promoción inmobiliaria". Asimismo, puede reducir, en su opinión, el actual sobrecoste de las actuaciones públicas que requieren suelo.
Con todo, alertó de que pueden generarse dudas sobre la concreción en el desarrollo reglamentario de los elementos que determinan el valor de capitalización del suelo calificado como rural a efectos de esta ley.
El CES se refirió también a la cesión de suelos para desarrollos urbanísticos, haciendo un llamamiento para la "efectiva dedicación de los suelos públicos a los fines previstos y no a sufragar, como viene ocurriendo con frecuencia en la actualidad, el gasto corriente de los ayuntamientos que, mediante subasta, vienen introducien tensiones especulativa adicionales".
Asimismo, en el caso de la reserva de edificabilidad para vivienda protegida instó a que se garantice que el porcentaje de cesión fijado se traduzca en el viviendas de protección, una competencia que corresponde a las comunidades autónomas.
En este punto, llamó a la reflexión sobre una posible subida de los precios de la vivienda libre, al reducirse la superficie de suelos dedicados a esta modalidad, que afectará especialmente a aquellos que no reúnen los requisitos para acceder una vivienda de protección. En este apartado insistió en que el "relanzamiento efectivo de la vivienda protegida" puede moderar ese encarecimiento.
Otro de los puntos del anteproyecto que el CES valoró especialmente fue la creación de un sistema públicode información sobre suelo y urbanismo, así como la inscripción en el Registro de la Propiedad de determinadas circunstancias sobre el suelo a registrar. En su opinión, estas medidas ayudarán a "una mejor conformación de expectativas de los agentes que operan en el mercado y a una mayor eficiencia en la gestión de las numerosas actividades económicas que tienen relación con ese mercado".
Con todo, el CES sostuvo la necesidad de establecer en el texto definitivo reglas básicas para mejorar la participación de los ciudadanos y el cumplimiento de los plazos máximos para resolver procedimientos administrativos. Asimismo, propuso establecer reformas para limitar los "elevadísimos" plazos reales de urbanización y simplificar los trámites formales.
En este punto, el CES consideró "positiva" la creación del "agente urbanizador", siempre y cuando se asegure la conveniente responsabilidad pública y, en todo caso, la consurrencia y competencia de terceros.
Por otra parte, destacó también la conveniencia de las evaluaciones sobre la sostenibilidad del desarrollo urbano previsto. Con todo, el CES opinó que al anteproyecto debería haces más hincapié en los aspectos de rehabilitación, recuperación y mejora de suelos degradados ya urbanizados.
Asimismo, sugirió reforzar las vertientes relativas al desarrollo económico y la cohesión social del concepto de desarrollo sostenible, refiriéndose concretamente a una "suficiente y adecuada" provisión por parte las administraciones públicas de suelos destinados a actividades productivas.
