MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró hoy que su gabinete ha remitido al grupo de trabajo interministerial para la elaboración de la nueva Ley de Cooperativas las propuestas planteadas por las organizaciones representativas del sector, y aseguró que comparte su preocupación por la falta de financiación y las dificultades de acceso a suelo finalista.
Así lo aseguró durante la clausura de la XIII Jornada del Cooperativismo de Viviendas, organizada por la Confederación de Cooperativas de España (Concovi), en la que ofreció su ayuda institucional para consolidar la modernización del sector y su compromiso para facilitar al máximo la promoción de viviendas, agilizar los trámites y los plazos que impone el procedimiento de gestión de ayudas y adaptarlas mejor a las especificidades del movimiento cooperativo.
Según recordó, estas asociaciones desarrollan el 30% de vivienda en España y, en los últimos 15 años, aproximadamente 4.000 cooperativas han promovido 1,5 millones de viviendas, tanto libres como protegidas, lo que supone cerca del 6% del actual parque de viviendas.
La ministra de Vivienda destacó las iniciativas adoptadas por su gabinete para la financiación de la vivienda protegida a través de la línea de cobertura en colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de la puesta a disposición de más suelo para la construcción de vivienda protegida.
Asimismo, recordó a los cooperativistas que pueden beneficiarse de las ayudas incluidas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, por las que los que acceden por primera vez a una vivienda en propiedad pueden recibir ayudas directas a la entrada de hasta 13.200 euros y acceso a préstamos convenidos o un subsidio de hasta 155 euros por cada 10.000 euros de préstamos por un periodo de hasta 10 años.
LAS COOPERATIVAS NO LO VEN TAN CLARO.
Por su parte, el secretario general de Concovi, Jaime Oñate, explicó que entre sus peticiones al Ministerio de Vivienda de cara a una nueva regulación del sector está la de permitir la promoción de viviendas en alquiler y la clarificación del régimen de bajas en las cooperativas, hoy difuso dado que existen hasta 15 leyes autonómicas diferentes al respecto, puesto que esta materia es competencia de las comunidades.
Dado que la comisión legislativa que trabaja en la nueva Ley está realizando un trabajo de "marcha lenta", los representantes de las cooperativas confían en que estas cuestiones puedan aprobarse lo antes posible a través de la Ley de Economía Sostenible.
Ahora bien, tanto Oñate como el presidente de la Asociación de Empresas Gestoras de Cooperativas y Proyectos Inmobiliarios (Geocopi), Francisco de Miguel, criticaron que uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrentan las cooperativas es a las restricción del crédito y a la falta de eficacia del Plan Estatal de Vivienda.
Según De Miguel, las cooperativas no reciben créditos para promocionar viviendas, aún cuando tiene el suelo disponible, demanda suficiente y un plan financiero solvente. Así, criticó que los acuerdos del Gobierno con las entidades financieras no están funcionando y ni siquiera se están concediendo los créditos convenidos para la promoción de viviendas. "Exigimos a la administración que intervenga", añadió.
Además, consideró que el Plan Estatal de Vivienda no se está cumpliendo en su totalidad más allá del ámbito de la financiación. Así, aseguró que "habría que remover el Plan" porque las ayudas a la entrada no se están gestionando con la celeridad que deberían, y denunció que "aún no se ha reunido la Comisión de Seguimiento del Plan", encargada de informar de sus resultados.
