MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
La aplicación del Código Técnico de la Edificación (CTE), de obligado cumplimiento desde el mes de marzo de este año, conlleva una "inmensa carga burocrática", y presenta "incongruencias" en algunos documentos.
Estas fueron las principales conclusiones a las que llegaron los expertos congregados en una mesa redonda organizada por la entidad de control Certum, en la que, por otro lado, se puso de manifiesto que el CTE sí servirá, dadas las exigencias que establece, para normalizar la calidad en el sector dejando fuera del mercado a aquellos agentes que estaban hasta ahora trabajando de forma dudosa.
Otra de las cuestiones planteadas fue la posibilidad de que la aplicación del CTE suponga un encarecimiento del precio de final de las viviendas motivado por un incremento en los costes de producción.
En este sentido, el director técnico de CMS Construcciones, Juan Violat, cuantificó el posible incremento del coste de construcción entre un 6% y un 8%, aumentando este porcentaje hasta el 15% si se habla de coste de producción. La diferencia radica, según Violat, en en que "con las nuevas exigencias, ya no se harán cien viviendas en una promoción, sino 99, de forma que el constructor tendrá que repercutir el precio de esa vivienda en las 99 resultantes".
En este punto, el director de Nuevos Servicios de Certum, Manuel Cabalgante, afirmó que este encarecimiento será "mínimo" en el caso de aquellas viviendas que ya se estuviesen construyendo con una calidad muy cercana a la exigible por el CTE, mientras que en las que estaban más alejadas de este canon de calidad, el incremento será mayor.
Por su parte, el director de Nueva Construcción de Gas Natural, José Manuel Domínguez Cerdeira, instó a considerar que las viviendas que se construyan de acuerdo con el CTE tendrán una duración de al menos 70 años, por lo que el incremento de los costes en relación con el ahorro de energía para previsto para los usuarios durante ese tiempo "merecerá la pena".
Otras de las críticas se centraron en la necesidad de haber "testeado" de manera práctica el CTE antes de su entrada en vigor para evitar lagunas. Así, desde la Asociación de Empresas Gestoras de Cooperativas y Proyectos Inmobiliarios (Geocopi) se señaló, entre ellas, que el CTE no incide en las obligaciones de los suministradores de las materias primas, por lo que tendrán que ser los propios constructores los que ejerzan como "fiscalizadores" a la hora de decidir qué materiales no cumplen con la norma.
Por último, desde Certum se precisó que el CTE no establece un estamento que oriente a los agentes del sector y sirva de instancia de control, como sí ocurre en otro países como el vecino y competidor Francia.
