Señalan que la reserva del 25% del suelo a VPO es una medida intervencionista que invade competencias autonómicas
MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Manuel Martí, y el de la patronal de promotores madrileños Asprima, José Manuel Galindo, coincidieron durante unas jornadas sobre la Ley de Suelo, organizadas por Recoletos, en que los incrementos en el precio de la vivienda se acabarán ajustando a las subidas del IPC por un "efecto tendencial" en los próximos ejercicios.
Ambos señalaron que, pese a que la entrada en vigor de la Ley de Suelo y el Código Técnico de Edificación (CTE) supondrá un aumento de los costes de construcción de hasta un 20%, la actual conyuntura económica ayudará a aminorar el impacto de este sobrecoste sobre el precio de la vivienda.
Concretamente, apuntaron que el 5% de este incremento de los costes será motivado por la aplicación de la Ley de Suelo, actualmente en proceso de enmiendas parlamentarias, mientras que el 15% restante se derivará de la adaptación de las nuevas construcciones a las nuevas exigencias impuestas por el CTE.
Según estas estimaciones, de mantenerse la desaceleración progresiva del mercado de la vivienda, los costes adicionales en la construcción de viviendas serían absorbidos progresivamente por los propios promotores inmobiliarios.
En este sentido, ambos representantes consideraron que la Ley de Suelo repercutirá de forma muy negativa sobre el negocio de la promoción y señalaron que, siendo el precio del suelo el único factor dependiente de la actividad promotora que influye en el precio de la vivienda, frente a otros como la demanda, los tipos de interés o los salarios, no se podrá solucionar el problema del acceso a la vivienda únicamente desde el urbanismo.
Concretamente, Galindo indicó que este difícil acceso no es una cuestión "de clase", sino un problema estructural "que no tiene solución", ante el cual sólo cabe aspirar a minimizarlo, ya que está enraizado en una falta de recursos por parte de la Administración, que es, en su opinión, la instancia que debería soportar el peso de la VPO.
Asimismo, el representante de Asprima aseguró que el esfuerzo económico que han de realizar las familias en la actualidad para acceder a una vivienda --del 22,5% según datos del mes de agosto-- es "asumible", y aseguró que, exceptuando algunas comunidades autónomas como Madrid, en las que la demanda es muy fuerte, la media agregada de esfuerzo de las familias para la adquisición de una vivienda no alcanza el 30%.
Este juicio fue apoyado por Martí, quien señaló que si el problema del acceso a la vivienda radica en la distribución de la riqueza, toda modificación habría de abordarse en una economía de mercado, desde la fiscalidad no desde el urbanismo.
"TIC DICTATORIAL" EN LA VPO.
Por otra parte, una de las medidas incluidas en el proyecto de la Ley de Suelo que más ampollas levanta entre los promotores es la cesión de un mínimo del 25% de los desarrollos urbanísticos para la construcción de viviendas protegidas.
Martí fue el más crítico con esta medida que, según dijo, dará lugar a alrededor a diferentes recursos de inconstitucionalidad por parte de las comunidades al invadir una materia de competencia autonómica.
El responsable de APCE subrayó que este porcentaje de cesión es un "tic dictatorial en el autor de la ley", por cuanto consideró que en una economía de mercado el Estado no puede imponer, entre otras cosas, los precios de las viviendas.
Además indicó que, aunque se aplique este cupo, los ayuntamientos no harán uso para la construcción de VPO del suelo cedido por el promotor, "como ha sucedido en muchas ocasiones", ya que no está previsto ningún tipo de sanción ante tal incumplimiento.
El secretario general de APCE aseguró que la única vía para incrementar el volumen de VPO en España es que el Estado aporte una compensación a los promotores por la construcción de este tipo de viviendas, como sucedía, según explicó Martí, en 1985, cuando el mercado de vivienda protegida alcanzó el 62,92% del total.
Sin embargo, los promotores insistieron en que para hacer viable este modelo sería necesario que los precios de la VPO fueran más elevados, ya que al haberse mantenido bajos respecto a los de la vivienda libre, las administraciones públicas no han podido hacer frente a las compensaciones al promotor por escasez de recursos, por lo que han desistido de promocionar el mercado de vivienda protegida.
Por su parte, el secretario general de la Asociación de Empresas Gestoras de Cooperativas y Proyectos Inmobiliarios (Gecopi), Fernando Abad, defendió el establecimiento de un mínimo del 25% en la cesión de suelos a los ayuntamientos para la construcción de VPO, y señaló que ésta "debe darse en todos los desarrollos y en todos los municipios". En su opinión, este cupo ayudará a unificar los diversos criterios urbanísticos existentes en toda España.
