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El Plan de Recuperación recoge la nueva ley de vivienda, pero no la concreta
MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno, a través del plan de viviendas para el alquiler asequible, incluido en el plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, pretende implicar al sector empresarial en el incremento de la oferta de vivienda en alquiler a precio limitado en aquellas localizaciones, con demanda acreditada, en las que el precio del alquiler se está incrementando con mayor intensidad y en las que exista suelo de titularidad pública sobre el que llevar a cabo dichas actuaciones a través de mecanismos público-privados.
En concreto, según se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con este plan también se pretende dar una solución estructural al problema de un parque de vivienda social amplio y digno.
Además, según el Gobierno, también se podrá extender esta inversión a la movilización de suelo adicional en comunidades autónomas y ayuntamientos para replicar el modelo en dichos niveles de la administración.
"Una sociedad es más resiliente cuando cuenta con un parque de vivienda de alquiler social o asequible que permita, ante un shock, dar respuesta a los grupos más vulnerables para cumplir con el derecho constitucional ofreciendo una vivienda digna y adecuada", según se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Gobierno ha incluido también en el Plan de Recuperación la nueva Ley Estatal de Vivienda, que están negociando PSOE y Unidas Podemos, y se limita a indicar que su objetivo es "garantizar el derecho a una vivienda digna e incorporar también cambios para la rehabilitación y mejora del parque de vivienda".
"El importante programa de inversión de 1.000 millones de euros para recuperar un parque público de vivienda social para alquiler, tras una década de reducción y privatización, servirá para avanzar en este terreno tan importante desde el punto de vista económico y social", según el documento.
El Gobierno asegura que la Ley de Vivienda constituye la respuesta por parte del Estado de la obligación que, en el marco de sus competencias constitucionales, le incumbe en la protección del derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada y a su disfrute, pero no menciona los aspectos concretos que incluirá la nueva norma, que de acuerdo con la negociación en marcha, recogerá medidas para limitar el aumento de los precios de alquiler en las zonas tensionadas.
