MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) quiere que el Gobierno presente un proyecto de ley para regular el derecho a una vivienda digna que está recogido en la Constitución Española, de modo que cualquier ciudadano pueda reclamar ante los tribunales si considera que ese derecho fundamental le está siendo conculcado.
Así se recoge en la moción consecuencia de la interpelación que el diputado valenciano Ricardo Sixto planteó el pasado miércoles al ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre el problema de los desahucios, texto que se debatirá y votará en una próxima sesión plenaria de la Cámara Baja.
Pese a la defensa que el ministro hizo de las medidas antidesahucios y para la protección de los deudores hipotecarios durante el debate, y a su convicción de que la solución última y definitiva a este problema vendrá con la recuperación de la actividad económica y el empleo, la coalición de izquierdas considera que desde las administraciones públicas aún se puede hacer más.
Y, en concreto, IU-ICV reclama que el Ejecutivo central, en coordinación con las comunidades autónomas, presente un proyecto de ley sobre el Derecho a la Vivienda que se base en las normas internacionales de derechos humanos y que "regule las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio" de dicho derecho.
MÁS PODER PARA EL JUEZ.
Por otra parte, tal y como ya avanzó Sixto durante el debate, se plantea una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces puedan "evaluar caso por caso la proporcionalidad y razonabilidad" de los desalojos hipotecarios de vivienda habitual, así como la creación de un mecanismo obligatorio de supervisión de las negociaciones entre bancos y familias antes de iniciarse la ejecución para "garantizar que se respeta el principio de igualdad de armas" y que el desahucio realmente es la última opción.
En este sentido, la Izquierda Plural exige además que no se realice ningún desalojo hipotecario de vivienda habitual en tanto no se hayan aprobado ambas medidas. Además, pide medidas para garantizar que el marco normativo de los desahucios incorpora "salvaguardas adecuadas de los derechos humanos", incluyendo pruebas de proporcionalidad".
Asimismo, propone impartir formación a los miembros del poder judicial sobre derecho internacional y derechos humanos económicos, sociales y culturales, y pide que se apliquen las recomendaciones de los organismos internacionales de vigilancia de los derechos humanos.
NUEVAS POLÍTICAS PARA QUE HAYA MÁS VIVIENDAS.
Al margen de sus propuestas para frenar los desahucios, IU-ICV también plantea ideas con las que incrementar el parque de viviendas sociales, todas ellas a realizar en colaboración con las administraciones locales y autonómicas dentro del ámbito competencial de cada una.
Así, defiende la necesidad de realizar un censo actualizado de viviendas vacías sobre el que "analizar la disponibilidad de viviendas de propiedad privada como posible recurso para hacer efectivo el derecho a la vivienda" y pedir al Instituto Nacional de Estadística (INE) información desglosada sobre las condiciones de las viviendas y las ejecuciones y desalojos hipotecarios.
A partir de ahí, aboga por un cambio de políticas activas en el ámbito de la viviendas que hagan efectivo ese derecho constitucional, así como por destinar más recursos a ampliar el parque de vivienda social pública y por obligar a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a usar los pisos vacíos de su propiedad "con plazos concretos".
Finalmente, la moción incluye también propuestas como evaluar el impacto de las políticas públicas sobre desalojos, ratificar la Carta Social Europea de 1996 sobre reclamaciones colectivas y, en definitiva, "proporcionar acceso a la vivienda, garantizando la implementación de medidas efectivas para examinar todas las alternativas posibles al desalojo y que ninguna persona se quede sin hogar a causa de ello".
