Actualizado 26/04/2007 21:48 CET

Economía/Empresas.- La CNE autoriza con condiciones a Enel a elevar su participación en Endesa hasta el 24,9%

Enel deberá informar de manera "detallada" sobre su estrategia en Endesa cuando afecte al interés general español

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) autorizó hoy con condiciones a Enel a elevar su participación directa en Endesa hasta el 24,9%, informó hoy el regulador energético.

El organismo que preside María Teresa Costa supedita la autorización de este aumento de participación al cumplimiento de ocho condiciones, algunas similares ya a las que impuso a Acciona, con la que Enel ha lanzado una OPA sobre Endesa.

Esta autorización tan sólo es para que Enel alcance un porcentaje en Endesa que no exija la formulación de una OPA, por lo que podrá controlar el 14,9% adicional del capital que mantiene aparcado en manos de los bancos de negocios UBS y Mediobanca, por lo que para su oferta conjunta con Acciona la CNE deberá volver a pronunciarse.

Entre estos ocho requisitos, los más importantes están relacionados con la garantía de interés público español, en la misma línea de las recomendaciones formuladas la pasada semana por la CNE al Gobierno en el informe preceptivo sobre la solicitud de Enel para ejercer plenamente sus derechos de voto, limitados al 3% por ser una empresa extranjera con capital público, y para contrarrestar los poderes del Estado italiano en la eléctrica transalpina, que cuenta con una participación del 31%.

Así, siempre que la CNE lo requiera y, en todo caso, con carácter semestral, Enel deberá informar de manera "detallada" acerca de su estrategia en Endesa, en la medida que pueda afecta al interés general o a la seguridad pública española.

Estos aspectos de su estrategia que se considera que afectan a los intereses españoles son los relativos a los activos estratégicos, actividades reguladas y otras actividades que estén sujetas a una intervención administrativa que implique una relación de sujeción especial según recoge la Función 14, que otorga a la CNE competencias para estudiar las operaciones que afecten a las actividades reguladas en España.

Así, Enel deberá informar a la CNE, dentro de los diez días siguientes a las celebraciones de sus juntas de accionistas y reuniones de su consejo, sobre los acuerdos adoptados, así como sobre el sentido y la motivación del voto de sus representantes de aquellos aspectos que afecten al interés general o a la seguridad pública española.

Según esta información, el regulador podrá, en el plazo de un mes y previa audiencia con la eléctrica italiana y Endesa, ordenar la "revocación" de cualquier acuerdo que estime que puede tener un "impacto negativo sobre el interés público español", con la finalidad de prevenir los riesgos derivados de los poderes que ostenta el Gobierno italiano en Enel.

La CNE podrá revisar estas condiciones cuando considere que por "incumplimiento reiterado" de ellas por parte de Enel "no fuera posible garantizar la protección del interés general o la seguridad pública española".

También quedarán sin efecto o serán revisadas estas condiciones cuando el regulador energético estime que se han suprimido las limitaciones de acceso al capital de Enel, así como cuando el Estado italiano carezca de la posibilidad de ejercer sus poderes de intervención o control.

MANTENER SEDE EN ESPAÑA Y RESPETAR EL PLAN ESTRATÉGICO.

Además, la CNE pide a Enel que Endesa se mantenga como matriz de su grupo y que su sede, órganos de gobierno y administración permanezcan en España.

La eléctrica italiana también deberá promover que los recursos generados por ella atiendan con carácter prioritario a la financiación y ejecución de los planes de inversión comprometidos en actividades reguladas de transporte y distribución en activos estratégicos, tanto de gas como de electricidad, que se recogen en el Plan de Inversión 2006-2012 de Endesa, en el documento de 'Planificación de los sectores de gas y electricidad. Desarrollo de las redes de transporte 2002-2012", aprobado por el Consejo de Ministros, y en el 'Informe Marco sobre la demanda de energía eléctrica y gas natural y su cobertura' de la CNE.

Enel también deberá informar "trimestralmente" a la CNE sobre la evolución de su participación accionarial, señalando "el grado de influencia que, a su juicio, le confiere la misma, así como su presencia en los órganos de administración de Endesa".

La CNE revisará estas condiciones si con la participación accionarial autorizada, debido a circunstancias sobrevenidas, Enel alcanzara la capacidad de ejercer control conjunto o exclusivo sobre Endesa.

UN NUEVO OBSTÁCULO SALVADO.

Esta autorización supone una nuevo obstáculo que deja en su camino Enel por controlar Endesa, después de que la CNE también aprobara ayer la lista de operadores principales del sector eléctrico, en la que se incluyó a Gas Natural en lugar de Viesgo, filial de la italiana, lo que le exime de la limitación al 3% de los derechos políticos en Endesa por participar en dos operadores principales de un mismo sector (Real Decreto 6/2000).

Enel ahora sólo está pendiente de la autorización por parte del Consejo de Ministros para salvar el otro obstáculo con que se enfrenta el grupo italiano para ejercer libremente su peso político en Endesa, recogido en la denominada 'Ley Rato' que limita los derechos de voto de las empresas extranjeras con capital público que participan en empresas relevantes en España.

Previsiblemente, el Gobierno también eximirá a Enel de este límite, ante las declaraciones formuladas desde algunas miembros del Ejecutivo, como el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, quien ha resaltado en diversas ocasiones que esta normativa está recurrida por Bruselas ante el Tribunal de Luxemburgo.

Solbes también ha resaltado que el Gobierno esperaría al informe consultivo solicitado a la CNE sobre este asunto, que ya tiene en sus manos y que recomienda al Ejecutivo autorizar a Enel a ejercer sus derechos políticos, aunque le aconseja mantener poder de veto sobre las decisiones del grupo italiano en la eléctrica española.