BRUSELAS, 27 Mar. (OTR/PRESS) -
Las autoridades locales, regionales y nacionales no ponen freno a los abusos del desarrollo urbanístico en España, que en los últimos años se han extendido por numerosas localidades por medio de planes que incrementan la población de núcleos urbanos hasta límites insostenibles y en los que los principales perjudicados son sus habitantes y los compradores de las nuevas construcciones. Por ello, un informe del Parlamento Europeo (PE) advierte a los propietarios tras un estudio en el que ha detectado abusos urbanísticos generalizados en nuestro país y donde critica la falta de colaboración del gobierno valenciano con la delegación, que también visitó otras comunidades como Madrid y Andalucía.
La delegación de la comisión de Peticiones del PE, visitó entre el pasado 27 de febrero y el 3 de marzo Almería, localidades de la sierra de Madrid y de la Comunidad Valenciana, para ver sobre el terreno los abusos urbanísticos que desde hace años han denunciado miles de ciudadanos españoles y de otras nacionalidades. Así, el documento informa que "la aplicación de las leyes de tierras sigue siendo problemática en muchas regiones españolas", donde se detectan "presiones para comprometerse en masivos desarrollos urbanos".
El informe puntualiza, no obstante, que ayuntamientos y gobiernos autonómicos responden en varios grados, desde un compromiso leal con su comunidad local hasta a la aceptación pasiva y a menudo activa de los planes urbanizadores". Estas diferencias se reflejan, añade, en las distintas "leyes regionales".
El presidente de la comisión de Peticiones Marcin Libicki, y uno de sus vicepresidentes Michael Cashman, firmaron este documento que hoy analizó la comisión parlamentaria y que da cuenta de las reuniones, explicaciones y conclusiones que sacaron de sus encuentros con autoridades y habitantes de las localidades que visitaron. Por otra parte, Cashman y Libicki "lamentan sinceramente" que finalmente no se celebrase ninguna reunión con representantes del Ministerio de la Vivienda, con quienes les hubiera gustado hablar del proyecto de la nueva ley de suelo. La reunión se canceló por motivos que "no parecieron muy creíbles", según expusieron en su informe.
VALENCIA, LA PEOR PARADA
La peor parte es para el Gobierno de la Comunidad Valenciana, donde advierte de los peligros para los residentes locales y donde la delegación constató la actitud "más arrogante" de sus autoridades y obtuvo "las menores explicaciones" sobre "proyectos urbanísticos que han conducido a la destrucción de muchas áreas costeras muy bellas y frágiles". "De los 540 municipios en la Comunidad Valenciana, alrededor de un 20%, concentradas esencialmente en la costa, han experimentado serios problemas de la urbanización extensiva, muchos de los cuales han incluido denuncias de corrupción en los últimos años", señala el informe.
En Almería, sus autoridades provinciales "admitieron y reconocieron" que "un número de autoridades municipales han actuado incorrectamente", por lo que muchos alcaldes están siendo procesados y también que "en muchos casos, considerables sumas de dinero se generaron de estas prácticas ilegales". En cuanto a las víctimas de estos hechos, "parece claro que quienes compraron casas ilegales de buena fe, de acuerdo con el Gobierno regional, son tan víctimas como responsables de lo que ha pasado", dice el texto.
Por último, en la Comunidad de Madrid, la visita se centró en la zona de la sierra -Galapagar y Torrelodones-, donde también se hicieron "serios comentarios sobre los desarrollos en localidades vecinos como El Escorial". La reunión con el consejero de la Presidencia, Francisco Granados, fue "superficial" aunque "útil", pero "la delegación se mostró satisfecha con las explicaciones.
NEGACIÓN DE DERECHOS
En términos generales, el informe constata que "la comisión de Peticiones continúa profundamente preocupada por el resultado de la negación continua" particularmente en la región valenciana. Asimismo, da cuenta de "un gran número de casos documentados" de ayuntamientos que han autorizado planes de desarrollo urbano y aborda el enorme desarrollo urbanístico que ha acompañado a la "bonanza económica" española durante los últimos años y se pregunta "a cuántos dueños de compañías constructoras en España podemos encontrar en el top 100 de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo".
El texto considera "probable" que entre las directivas europeas que se violan figuran las relativas al impacto medioambiental, la gestión de aguas y basuras, la fauna y "también muchos casos el lavado de dinero". En este escenario, admite que las competencias del Parlamento Europeo son "relativamente limitadas", por lo que reclama a la Comisión Europea a que actúe para investigar "posibles infracciones" de la ley de la UE; a las autoridades locales, regionales y nacionales "sobre todo de la Comunidad Valenciana", a que "respeten la ley y que se limiten los "poderes excesivos" que en ocasiones disfrutan los constructores.
