MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
Los grandes consumidores de electricidad calculan que la liberalización de las tarifas que se les aplicará a partir del 1 de julio podría conllevar subidas del precio de la luz de hasta el 100%, que se añadirían al encarecimiento del 40% que, según dicen, han soportado en los últimos tres años.
En una rueda de prensa, los representantes de cinco organizaciones de grandes consumidores -- AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía), ANE (Asociación Española de Electroquímica), la central de compras de electricidad Fortia, los fabricantes de cemento agrupados en torno a Ocifemen y UNESID (Unión de Empresas Siderúrgicas)-- denunciaron la pérdida de competitividad provocada por el encarecimiento de la luz, que podría conducir a "desinversiones y deslocalizaciones".
"Es la gota que colma el vaso", afirmó el director general de Oficenem, Alberto Zaragoza, mientras que el vicepresidente de AEGE, Javier Penacho, advirtió de que la electricidad es uno de los elementos clave para mantener la competitividad de las empresas españolas.
Penacho explicó que los grandes consumidores no se han reunido aún con los nuevos responsables de Industria y se mostró confiado en que el departamento dirigido por Miguel Sebastián será "capaz de entender" sus reivindicaciones, que entre otros aspectos incluyen una política energética a largo plazo que ponga fin a la regulación "cortoplacista aplicada desde 1997".
El director general de Unesid, Juan Ignacio Bartolomé, señaló que, pese a que el 1 de julio entrará en vigor la liberalización de las tarifas industriales, el sector no tiene previsto pedir una prórroga en la aplicación de la norma. Los grandes consumidores han pedido ya cita con Sebastián y, según Penacho, en Industria se está "buscando fecha".
Los consumidores industriales agrupan a empresas con un valor equivalente al 5% del Producto Interior Bruto (PIB) y generan 240.000 empleos directos e indirectos. Cada una de estas empresas consume de media electricidad similar a la que demandan 50.000 hogares españoles.
SOLUCIÓN AL MARGEN DEL 'POOL'.
Como solución, los grandes consumidores proponen que Industria regule un sistema de contratación bilateral a largo plazo de electricidad con los productores de energía por separado que tome como referencia un "mix ponderado de generación" y no el precio del marcado mayorista, o 'pool', explicó Penacho.
De esta forma, las empresas podrán negociar precios competitivos al margen del 'pool'. En este mercado, la tecnología marginal más cara de las que participan en la generación es la que transmite la señal de precio del conjunto de las tecnología, lo que genera una distorsión que demuestra que "no existe competencia" en el sistema, según el vicepresidente de AEGE.
AEGE y el resto de organizaciones industriales toman como base para su reivindicación el reciente informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en el que se advierte de que las energías hidráulica y nuclear, en las que no existe competitividad ni posibilidad de desarrollo de nuevas plantas, se ven especialmente beneficiadas con el actual modelo, ya que reciben la retribución marcada por las energías más costosas, esto es, las generadas con fuel o hidrocarburos.
Para Penacho, el regulador energético "ha puesto el dedo en la llaga" al dejar en evidencia un sistema que carece de "competencia real". Por su parte, Bartolomé comparó este modelo a uno en el que las empresas tuviesen que comprar "toda la chatarra al precio de la chatarra más cara".
EL ARGUMENTO DE LA INTERRUMPIBILIDAD.
En sus exigencias, las empresas cuentan como argumento a su favor con el actual sistema de interrumpibilidad del suministro en caso de excesos de demanda. "La industria está especializada en ayudar" mediante su capacidad de reducir en horas puntas la demanda en hasta 1.500 megavatios (MW), lo que "históricamente ha creado precios competitivos" en España, aseguró Penacho.
Por su parte, el director general de Oficenem aseguró que las empresas, mediante este mecanismo, han demostrado su "solidaridad con el sistema eléctrico". Los compromisos unilaterales de interrumpibilidad de las empresas aparecen recogido en los contratos bilaterales suscritos entre las compañías y Red Eléctrica de España (REE).
Penacho explicó que las empresas han tenido que recurrir en 38 ocasiones a paradas de producción desde 2001, y que la última se produjo en noviembre de 2007. En todo caso, aumentar los descuentos que reciben las empresas por someterse a la interrumpibilidad no es el mecanismo adecuado para aliviar la subida de la luz, ya que este incentivo no puede superar, por razones de eficiencia, el coste de mantener el suministro en momentos de dificultad.
