LUXEMBURGO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Agricultura y Pesca llegó hoy a un acuerdo político para reformar el sector de frutas y hortalizas que contempla un periodo de transición antes de que se eliminen completamente las ayudas a la transformación de cuatro años para el tomate y de cinco para el resto de cultivos, así como un incremento de financiación para la gestión de crisis, entre otras medidas.
Según el acuerdo de los ministros, la reforma del sector, que entrará en vigor en enero de 2008, mantendrá durante unos años más las ayudas a la transformación que Bruselas quería eliminar desde el primer momento y también introduce la gestión de crisis que no figuraba en el primer borrador.
La comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, destacó que el acuerdo se logró por unanimidad a Veintisiete, lo que le produce un "sentimiento especial" y demuestra que se ha logrado el "equilibrio correcto". Con este compromiso, prosiguió, se logra adaptar el sector de frutas y verduras a la reforma de la política agrícola común (PAC) que se acordó en 2003, se da mayor importancia a las cuestiones medioambientales, y se introducen "herramientas de gestión de crisis".
"Espero que esto signifique que el sector de frutas y verduras se oriente a partir de ahora mucho más hacia el mercado gracias a la desvinculación de las ayudas a la transformación", dijo Fischer Boel, que destacó que finalmente se han introducido periodos transitorios para ayudar al sector a adaptarse.
Por su parte, la ministra de Agricultura y Pesca, Elena Espinosa, mostró su satisfacción porque, dijo, "España ha conseguido todos los objetivos en esta reforma". Afirmó que "va a permitir mejorar la competitividad del sector, que es un sector muy importante en España", que es el "primer productor" de la UE.
En concreto, la reforma mantiene también la neutralidad presupuestaria en un sector que en España recibe una media de 370 millones de euros anuales pero que, en contraste, tiene una facturación del orden de los 14.500 millones de euros.
Por lo que respecta a las prórrogas a las ayudas, el texto del acuerdo indica que "para asegurar una transición ordenada hacia la desvinculación de la ayuda en el marco del sistema de pago único", se permitirá una transición de "un máximo de cuatro años", hasta el 31 de diciembre de 2011, para el tomate, siempre que la ayuda vinculada a la población no supere el 50% del techo nacional que le corresponde a este cultivo.
Para otros cultivos, el acuerdo contempla una transición de cinco años, hasta el 31 de diciembre de 2012, aunque apunta que a partir del 31 de diciembre de 2010, esto es, para las campañas 2011 y 2012, la ayuda vinculada a la producción no deberá superar el 75% de la asignación presupuestaria nacional que le corresponda en cada caso.
Para acogerse a las medidas de transición, los Estados miembros "decidirán antes del 1 de noviembre de 2007 qué sectores o productos se beneficiarán de este pago transitorio y el porcentaje que le corresponderá del sistema de pago único de los techos nacionales".
En este punto, Espinosa señaló que ahora se reunirá con el sector y con las comunidades autónomas productoras "para que digan qué porcentaje y grado quieren acogerse de este acoplamiento desacoplamiento".
El pago transitorio será una ayuda por hectárea "en el marco de contratos para transformación", los Estados miembros podrán decidir si fijan "condiciones adicionales", como que "el pago de transición se haga solo a productores miembros de organizaciones de productores (OP)".
GESTIÓN DE CRISIS
Por lo que respecta a la gestión de crisis, el acuerdo prevé un incremento del valor de la producción para la financiación de las organizaciones de productores (OP) desde el 4,1% actual al 4,6%, dejando claro que esta diferencia se utilizará "sólo para la prevención de crisis y para medidas de gestión".
Esta provisión se añade, reza el compromiso, para "dar más flexibilidad a las OP por lo que respecta a la prevención y a la gestión de crisis".
En este contexto, la reforma eliminará la disposición actual de que las OP pueden emplear el 20% de su presupuesto para préstamos para gestión de crisis. Ahora "estos préstamos serán tratados como todos los demás gastos para prevención de crisis y gestión, y dentro del límite del tercio del gasto de la OP".
El acuerdo hace una mención también a la propuesta española de crear unos seguros de renta para hacer frente a las crisis. Indica que "la Comisión declara que la propuesta española relativa a seguros para la gestión y prevención de crisis merece un examen más detallado. La propuesta suscita cuestiones de naturaleza horizontal que requieren un análisis más fundamental. Consecuentemente, la Comisión tratará de tenerla en cuenta en el contexto de la próxima revisión" de la Política Agrícola Común (PAC), prevista para el año que viene.
Espinosa valoró esta declaración, apuntó que "España cuenta con el mejor sistema de seguros agrarios del mundo" y se mostró dispuesta a colaborar con el análisis que hará de los mismos la Comisión Europea
La reforma autoriza -durante tres años y seguido de un informe de evaluación_que productores que no son miembros de las OP se beneficien también de ayudas de estado, no de la UE, para acciones de prevención y gestión de crisis, con cantidades que no superen el 75% del apoyo comunitario que reciban las OP.
CONTROLES FITOSANITARIOS
También como reclamó la ministra de Agricultura y Pesca, Elena Espinosa, el acuerdo incluye una declaración relativa a los controles fitosanitarios de los productos hortofrutícolas importados desde países terceros. En ella, la Comisión se compromete a "seguir adoptando las medidas necesarias para reforzar los criterios fitosanitarios", a "continuar asegurando que estos requisitos y controles garantizan un nivel fitosanitario adecuado" y a "continuar prestando atención a las inspecciones de las exportaciones países terceros".
Por otra parte, se autoriza a España y a Italia a otorgar una ayuda pública durante la campaña 2007-08 para el tomate procesado, con una ayuda de 15 millones de euros en cada país para "adaptar el sector de la transformación de tomate a la nueva regulación".
En cuanto a las patatas, los Estados miembros que apliquen ayudas de estado en este sector podrán seguir haciéndolo durante otros cuatro años, hasta el 31 de diciembre 2007.
El acuerdo concede que tanto las superficies de árboles frutales como los viveros de frutas y hortalizas serán áreas elegibles para el pago único, dentro de una reforma que plantea el pago único a la hectárea.
Las fresas y frambuesas, la principal petición de países como Polonia, obtienen una transición del pago directo de transformación durante cinco años. En este caso, la financiación comunitaria no excederá de 230 euros por hectárea, aunque los Estados miembros podrían elevar esta dotación hasta no más de 400 euros por hectárea.
Por lo que respecta a las medidas medioambientales en las que deben invertir las OP a través de sus fondos operativos, el acuerdo reduce de 20 a 10% el presupuesto de las OP que deberá dedicarse a estas acciones que tendrán que cumplir no todos los productores agrupados en estas entidades, sino "al menos el 80%".
En cuanto a la promoción del consumo para prevenir la obesidad entre niños y jóvenes, los ministros encargaron a la Comisión que elabore una propuesta sobre este esquema aplicado a las escuelas tan pronto como sea posible, basada en un estudio de impacto sobre los beneficios, factibilidad y costes administrativos.
