APPA Renovables ve un posible conflicto competencial en el proyecto público de la central de Irueña

Presa de Irueña (Salamanca)
Presa de Irueña (Salamanca) - CHD - Archivo
Publicado: lunes, 5 octubre 2020 14:26

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

APPA Renovables, a través de su sección Hidráulica, se personará como parte interesada en el proyecto de la central hidroeléctrica de Irueña (Salamanca), promovido por el Gobierno a través de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDEA), con el objetivo de que este proyecto "no vulnere las normas de competencia y se ajuste a derecho -dado que los organismos supervisores son los propios promotores-".

En un comunicado, la asociación considera que, "a pesar de las bondades" del proyecto, el hecho de que esa "fuerte inversión" sea promovida con dinero público, por la Confederación Hidrológica del Duero (CHD), organismo supervisor de la cuenca, "exige adoptar mecanismos de garantía para evitar el despilfarro público, daños medioambientales -quién supervisa al supervisor-, y la vulneración de los derechos de todos los productores y consumidores".

Así, valora que, si bien es cierto que el suministro eléctrico es un servicio de interés general y que las Administraciones Públicas deben velar por garantizarlo a todos los ciudadanos y empresas, "no deja de ser igualmente cierto que se trata de una actividad liberalizada en la que la participación directa de las Administraciones Públicas entraña riesgos y genera preocupación, al no someterse el proyecto al principio de libre concurrencia para elegir la mejor opción".

Por ello, APPA cree que la gestión pública de este proyecto hidráulico "puede ser contraria a las exigencias del Derecho Comunitario y del Derecho de la Competencia, entre otras razones, al restringir la libre competencia en la generación eléctrica, al afectar al uso común del dominio público, y, de manera importante, al tener la posibilidad el proyecto de no tributar ni devengar cánones, lo que situaría al gestor público del proyecto en una situación de ventaja competitiva contraria a la normativa europea vigente".

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