MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejo de administración de la Comisión Nacional de Energía (CNE) aprobó hoy sendas resoluciones en las que cifra en 1.220 millones de euros la minoración que debe ser practicada a las eléctricas para recuperar sus mayores ingresos procedentes de la asignación gratuita en 2007 y 2008 de derechos de emisión de CO2.
En concreto, el organismo presidido por María Teresa Costa calcula que a las eléctricas se les deben descontar 42,9 millones de euros en su retribución de 2007 y otros 1.178 millones en su retribución de 2008.
Esta partida permite aliviar en parte el déficit de tarifa del sector eléctrico, que se produce porque los ingresos de la actividad regulada de las eléctricas son inferiores a los costes reconocidos. La CNE explica que en 2007 se produjo un déficit de 1.180 millones, y que en 2008 se disparó hasta los 4.640 millones.
Las eléctricas deben devolver además unos 436 millones correspondientes a los derechos de emisión del primer semestre de este año. Desde el pasado 1 de julio, estos derechos dejaron de detraerse debido a la derogación en el reciente real decreto ley 6/2009 del decreto que permite esta minoración, aprobado en la época en que Joan Clos dirigía el Ministerio de Industria.
Hasta su derogación, la minoración de cada ejercicio se calculaba mediante una orden ministerial en la que se relacionaba el volumen de los derechos de emisión concedidos de forma gratuita en el Plan Nacional de Asignación 2008-2012 con el precio de la tonelada de CO2 en los mercados internacionales.
Una vez descontados los derechos de CO2 anteriores al 1 de julio de este año y derogada la norma que permite hacerlo, las eléctricas evitarán ver descontada su retribución por este concepto alrededor de 2.860 millones hasta 2012.
REGULADORES EUROPEOS.
Por otro lado, el regulador aprobó hoy un informe con los resultados de la reunión de los reguladores europeos celebrada el pasado 10 de septiembre en Bruselas. La CNE destaca, entre otras conclusiones sobre la materia formuladas por la Comisión Europea, la necesidad de que los organismos reguladores sean capaces de adoptar decisiones de forma autónoma con respecto a cualquier órgano político, público o privado.
Además, pide que el consumidor de gas y electricidad tenga derecho a recibir todos los datos de su consumo en un formato estándar y entendible, con el objeto de que pueda cambiar con facilidad de suministrador si así lo desea.
