BRUSELAS, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea decidirá hoy si acepta las nuevas condiciones impuestas por el Ministerio de Industria a la alemana E.ON para adquirir Endesa. El Ejecutivo comunitario declaró ilegales los requisitos iniciales que impuso la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que en su mayoría han sido derogados por el Gobierno.
"La Comisión considerará mañana (por hoy) los próximos pasos sobre E.ON-Endesa y las medidas tomadas por las autoridades españolas", anunció el portavoz de Competencia, Jonathan Todd. Añadió que no podía "prejuzgar" lo que decidirá el Ejecutivo comunitario y que habrá que "esperar y ver".
El pasado 26 de septiembre, Bruselas declaró ilegales 18 de las 19 condiciones impuestas por la CNE al considerar que invaden la competencia exclusiva del Ejecutivo comunitario a la hora de examinar las fusiones de dimensión comunitaria y vulneran el libre movimiento de capitales y la libertad de establecimiento. Por estas razones, exigió al Gobierno que las retirara de manera inmediata.
Tres semanas más tarde, el 18 de octubre, la Comisión expedientó a España por no haber hecho caso de su dictamen anterior y no haber actuado para suprimir las condiciones y le lanzó un ultimátum de sólo 5 días para rectificar.
El 3 de noviembre, y en respuesta a los recursos contra el dictamen de la CNE, el Gobierno decidió modificar las condiciones iniciales y eximir al grupo alemán de la venta de activos de Endesa para hacerse con su control, pero mantener el veto sobre la compañía durante diez años.
Desde entonces, el Ejecutivo comunitario ha analizado "cuidadosamente" la decisión del ministerio de Industria y se pronunciará definitivamente sobre ella este miércoles. La única pista que ha dado Bruselas es que el hecho de que E.ON haya aceptado las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno no significa que la Comisión vaya a darles su visto bueno.
En paralelo, el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, mantiene abierto un expediente sancionador contra España por el decreto que amplió las competencias de la CNE y le facultó para imponer condiciones a la OPA de E.ON. Las autoridades españolas tienen hasta principios de diciembre para modificar el decreto. En caso contrario, el caso acabará ante el Tribunal de Justicia de la UE.
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