MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Agencia de Protección de Datos se muestra a favor de que las comercializadoras de electricidad puedan recibir de parte de las suministradoras datos acerca de los puntos de suministro, siempre y cuando no haya una negativa expresa del cliente a que se entregue esta información, según un informe del gabinete jurídico del organismo, al que ha tenido acceso Europa Press.
Los servicios jurídicos de la agencia también se muestran de acuerdo con que se entreguen estos datos a la Oficina de Cambio de Suministrador, y a que en este caso ni siquiera la negativa de los usuarios pueda evitar esta cesión.
La posición del organismo da en parte la razón al Ministerio de Industria, que en la orden de tarifas del pasado 28 de diciembre obligó a las distribuidoras de electricidad a contar con una base de datos de los puntos de suministro a sus clientes, y a que estas empresas permitan a las comercializadoras consultar esta información.
El Gobierno dijo adoptar esta decisión para facilitar la actividad de las comercializadoras y con ello mejorar la competitividad, pero tanto la patronal eléctrica, Unesa, como las organizaciones de consumidores se han mostrado reticentes con la cesión de datos.
En su informe, la agencia recuerda que en este caso se establece una "concreta cesión" de datos dirigida "exclusivamente" a comercializadoras y a la Oficina de Cambio de Suministrador, y que la medida no tiene por qué generar "una nueva fuente accesible al público".
Además, entiende que la orden ministerial no tiene rango normativo como para permitir una cesión de datos de carácter personal, pero sí puede contemplar una medida de este tipo "siempre dentro del respeto al principio de proporcionalidad" y a las leyes de rango superior.
Junto a esto, indica que la norma con rango de ley que habilitaría en este caso la cesión de datos es la Ley 54/1997, que reconoce el derecho de los comercializadores a acceder a datos de los distribuidores en aras de la libre competencia y de la libertad de los consumidores para elegir suministrador.
CONTROVERSIA ACERCA DE LA ORDEN.
El acceso de las comercializadoras a las bases de datos de los suministradores, recogida en la orden ministerial de tarifas del 28 de diciembre, ha generado controversia entre asociaciones empresariales, consumidores y organismos públicos.
Las eléctricas, aglutinadas en torno a Unesa, denunciaron la norma ante la Audiencia Nacional, y el tribunal les dio la razón y suspendió cautelarmente la Disposición Adicional Tercera de la orden ministerial, en la que se alude a la cesión de datos.
Tras conocerse esta medida, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) abrió de oficio un expediente sancionador a Unesa para determinar si ha tratado de restringir la competencia al recurrir la orden ministerial. Este expediente del organismo presidido por Luis Berenguer tiene un plazo máximo para su instrucción y resolución de 18 meses.
Al conocerse la decisión de la CNC, la asociación de consumidores Facua se mostró "perpleja" e indicó que la norma "pone en bandeja" a las comercializadoras de electricidad los datos de los consumidores.
