El PP acusa a Sebastián de tratar mejor a las eléctricas que a los bancos en la titulización del déficit
MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó hoy con los votos favorables de PSOE, CiU y PNV y la abstención del PP el Decreto Ley que permitirá la eliminación del déficit tarifario y la creación de un bono social para los clientes más desfavorecidos, al tiempo que rechazó su tramitación como proyecto de ley, solicitada por el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV.
La nueva norma prosperó con 181 votos a favor, 147 abstenciones y seis votos en contra, mientras que la tramitación como proyecto de ley fue rechazada por 180 votos en contra y 139 abstenciones. Sólo 15 diputados la respaldaron.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, aseguró hoy que el déficit tarifario, cifrado en más de 14.000 millones de euros, supone un problema de Estado "irracional e insostenible" que pone en peligro el suministro energético, lo que justifica el carácter "extraordinario y urgente" del Decreto Ley que avala su solución y el lanzamiento del bono social.
Sebastián aseguró que se garantiza la sostenibilidad y competitividad del sector, reconociendo de "manera equilibrada" cuestiones reclamadas por las eléctricas, al tiempo que las "compromete" con la minoración de determinados costes de la tarifa y la puesta en marcha de las inversiones necesarias.
"Es responsabilidad del Gobierno garantizar que la restricción del crédito no perjudique las inversiones del sector energético en el medio y largo plazo", señaló el ministro, quien recordó que la entrada en vigor a partir del 1 de julio de la Tarifa de Último Recurso (TUR) hacía necesario acelerar la solución a estas cuestiones para "proteger a los consumidores".
Según Sebastián, el déficit ponía en riesgo incluso el 'rating' de las compañías eléctricas y repercutía muy negativamente en las más de diez mil pymes proveedoras de las grandes compañías. En este sentido, defendió que las medidas anteriores para la solución del déficit eran "insuficientes" en la coyuntura actual de los mercados financieros.
PP DICE QUE EL DÉFICIT CON AZNAR ERA "MUY PEQUEÑO"
Por su parte, el portavoz adjunto de Economía del PP, Álvaro Nadal, recordó que en la etapa 'popular' de Gobierno el déficit era "muy pequeño", y lamentó que el Gobierno no haya tomado medidas para reducir los costes, en lugar de cargarlos "en los bolsillos" de contribuyentes y consumidores.
En este sentido, señaló que las condiciones de las titulizaciones son más favorables para las eléctricas que las que se pusieron "para los avales de la banca". "No tiene ni el más remoto parecido, esto se da gratuitamente", incidió Nadal, quien lamentó además el régimen "draconiano" aplicado a las renovables.
CIU: "QUEDA EN EL AIRE EL BONO SOCIAL".
El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, expresó el apoyo de su grupo a una norma que aborda un aspecto "urgente" del sector energético, aunque lamentó que quede "un poco en el aire" la distribución del bono social, así como en lo referente a la energía nuclear y su vinculación con la vida útil de las centrales, por lo que ofreció el apoyo de su formación "para el desarrollo reglamentario" del texto.
El representante del PNV, Pedro Azpiazu, lamentó que el Decreto se haya transmitido a la norma sin consenso con los grupos parlamentarios, aunque valoró en términos positivos el acuerdo con las eléctricas para solventar el "endémico" déficit tarifario, del que hizo responsable tanto a los Gobiernos del PP como los del PSOE, "que tuvo tiempo para resolver un problema pequeño en sus inicios".
El diputado de ICV Joan Herrera fue el único que utilizó el turno en contra de la convalidación del Decreto, que a su juicio es un "cheque para las eléctricas" que "castiga" a las energías renovables, al tiempo que invade competencias, por lo que recalcó la necesidad de que se tramitara como proyecto de ley.
Por su parte, la portavoz de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas reiteró su rechazo a la norma por sus "sin sentidos" que la convierten en un "auténtico serruchazo" al desarrollo eólico en el archipiélago canario, si bien valoró las correcciones introducidas en lo referido a la extrapeninsularidad, aunque mostró sus reservas hasta que se pase por la "prueba del algodón" de los Presupuestos Generales del Estado para 2010.
El diputado del BNG Francisco Jorquera se sumó a la posición expresada por Joan Herrera, y aunque se abstuvo en la votación al considerar acertado el bono social, solicitó la convalidación como proyecto de ley, ya que considera que se tiene que cambiar la legislación del sector y la urgencia del decreto no está justificada.
Por último, el portavoz del PSOE, Jesús Alique, celebró el final del "perverso" déficit financiero, y apeló a la responsabilidad del resto de grupos para apoyar una "medida de Estado". "Esta medida es coherente con los principios básicos de la política energética y el nuevo modelo de crecimiento económico", remachó.
UNA COMISIÓN INTERMINISTERIAL GESTIONARÁ LA TITULIZACIÓN
El texto del decreto estima que las medidas aprobadas "deben permitir reactivar y relanzar las inversiones en el sector energético", ya que solucionará "no sólo la situación financiera de las empresas del sector eléctrico, sino la sostenibilidad misma del sistema".
El decreto fija el 1 de enero de 2013 como la fecha en la que se satisfará la totalidad de los costes regulados y se dejará de generar déficit 'ex ante'. Hasta ese momento, el déficit no podrá superar los 3.500 millones en 2009, los 3.000 millones en 2010, los 2.000 millones en 2011 ni los 1.000 millones en 2012.
La financiación del déficit se realizará a través de un nuevo Fondo de Titulización, que se creará con informe previo del Ministerio de Economía y que asumirá derechos de cobro de hasta 10.000 millones de la deuda anterior a 2009. Su gestor se decidirá a través de una Comisión Interministerial. Además, durante este ejercicio aportará avales por otros 10.000 millones como máximo.
El decreto aprovecha para reformular el peso proporcional de las empresas que se encargan de financiar el déficit. Gas Natural y E.ON entran en la lista, de la que sale Elcogás, con lo que la distribución queda de la siguiente forma: Endesa (44,16%), Iberdrola (35,01%), Unión Fenosa (12,84%), Hidroeléctrica del Cantábrico (6,08%), E.ON (1%) y Gas Natural (0,91%).
BONO SOCIAL
El Gobierno tiene previsto fijar "un umbral referenciado a un indicador de renta per cápita familiar" para delimitar los consumidores con derecho a percibir el nuevo bono social eléctrico, cuya financiación correrá a cargo de una docena de compañías eléctricas y se revisará al menos cada cuatro años.
El bono social cubrirá la diferencia entre el valor de la TUR y un valor de referencia que se llamará "tarifa reducida". La financiación será "compartida" por doce empresas, pero la mayor carga corresponderá a Endesa (36,7%), Iberdrola (34,9%), Unión Fenosa (10%), Gas Natural (3,5%) e Hidroeléctrica del Cantábrico (3,5%).
