MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El sector fotovoltaico considera que la reducción en el número de horas con derecho a prima de sus instalaciones contenida en el real decreto ley de contención de costes del sistema eléctrico ha sido "desmedida e injusta", frente a la opinión del ministro de Industria, Miguel Sebastián, que ayer calificó en el Senado la medida de "compensada y razonable".
En un comunicado, las cuatro principales asociaciones fotovoltaicas recuerdan que las medidas "retroactivas" aplicadas por el Gobierno están siendo investigadas por la Comisión Europea y han sido denunciadas ante el Tribunal Constitucional por la Comunidad Valenciana y Murcia.
Los recortes aplicados en la fotovoltaica equivalen a 2.220 millones, o al 48% de los 4.613 millones de contención aplicados en el sistema eléctrico, indican la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), la sección fotovoltaica de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y la Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables (Anper).
El sector, señalan, ha sufrido un recorte medio del 26% de sus ingresos anuales, mientras que otras tecnologías como las del régimen ordinario, entre las que figuran el gas, la gran hidráulica y la nuclear, la reducción de ingresos apenas equivale al 3%.
Sebastián "muestra una evidente desconsideración hacia las consecuencias de las decisiones de su departamento, que han provocado, en el ámbito de la actual crisis socio-económica, que multitud de empresas e inversores particulares se enfrenten a situaciones dramáticas al ver recortados sus ingresos sustancialmente", afirman.
Además, advierten de que el sector fotovoltaico se encuentra inmerso en un "caos judicial" que pone "aún más en peligro la imagen de estabilidad regulatoria" de España y contribuye "de un modo relevante" al bloqueo de la Justicia, que está recibiendo cientos de miles de recursos.
Las asociaciones también lamentan que el Gobierno tampoco escuche sus reivindicaciones acerca del real decreto 1565/2010, en el que se les obliga a realizar varios cambios técnicos en muy corto espacio de tiempo.
