MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PP ha vuelto a oponerse en solitario en el Pleno del Congreso a una iniciativa legislativa para luchar contra la pobreza energética, en este caso presentada por el PSOE, argumentando que la Ley del Sector Eléctrico, aprobada en diciembre de 2013, ya contempla medidas para luchar contra este problema.
La 'popular' Encarnación Jiménez ha hecho hincapié en la "sensibilidad" y el "compromiso" del Gobierno con "los más necesitados y los que más sufren", y ha negado una "supuesta falta de iniciativa del Gobierno" en materia energética con la que los socialistas justifican la presentación de su iniciativa.
En este sentido, ha recordado que la Ley del Sector Eléctrico ya define consumidor vulnerable, regula el bono social al que se acogen 2 millones de consumidores y "establece las bases de protección del consumidor" ante el corte de suministro energético, en cuyo desarrollo reglamentario se está trabajando actualmente. A todo ello hay que sumar las medidas puestas en marcha por comunidades autónomas y ayuntamientos "en su mayoría gobernados por el PP".
"No deja de ser sorprendente que quienes generaron las situaciones más difíciles en materia de energía, los que hoy hablan de pobreza energética, mientras gobernaban contemplaban cómo la factura subía de forma desmesurada y no decían nada. Y peor aún, tampoco hacían nada para remediarlo", ha reprochado, recordando por último que "la mejor política para erradicar la pobreza es crear empleo", junto con la lucha contra el déficit tarifario o el fomento de la eficiencia.
SITUACIÓN "DE EMERGENCIA"
La portavoz socialista de Medio Ambiente en el Congreso, Pilar Lucio, ha defendido una propuesta que pretende "paliar los efectos perversos" de las decisiones que ha tomado el PP, "no por cuestiones económicas sino con un fuerte trasfondo ideológico". "Queremos hacer posible un rescate ciudadano", ha insistido, defendiendo que la situación es "de emergencia", sobre todo ahora que se acerca el invierno.
"Ante estas evidencias de desigualdad creciente y del auténtico despropósito de la reforma energética, que no tiene ninguna lógica ni económica ni ambiental ni regulatoria, proponemos crear una tarifa social para los consumidores vulnerables", ha explicado la diputada, criticando que la factura de la luz no ha parado de subir.
En concreto, se trataría de que unos 3 millones de ciudadanos pertenecientes a determinados colectivos vulnerables se beneficien de un precio fijado en función de su capacidad económica para cualquier suministro energético (gas, luz, propano), y que los 120 millones de euros aproximados de coste se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Por otra parte, los socialistas plantean también una regulación de la pobreza energética que incluya la imposibilidad de cortar el suministro eléctrico por impago al consumidor vulnerable durante determinadas épocas del año, en función de un calendario fijado por la Administración teniendo en cuenta la temperatura de cada territorio.
ES UN PROBLEMA REAL
Álvaro Sanz, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha recordado que hace un año su grupo ya avisaba de esta situación con una iniciativa similar, y que en este tiempo "la situación no ha cambiado" sino que "está empeorando", a pesar de que atajarla "depende de tener voluntad política y la valentía suficiente para defender los intereses de la gente frente a los intereses de los poderosos". Sin embargo, duda de que el PP vaya a cambiar su postura porque "desbarataría su relato de salida de la crisis".
El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha criticado que el PP se "niegue a reconocer" que la pobreza energética es "un problema real", resultado de la crisis económica, y a tomar medidas para "que ninguna familia quede excluida de algo tan elemental como el consumo de energía que permita una calidad de vida civilizada". "No estamos hablando de lujos, hagamos algo, porque no es una plaga bíblica, es un tema político y económico", ha emplazado.
Por CiU, Inmaculada Riera ha recordado que Europa, "sensible" a la pobreza energética, ha aprobado diversas directivas para dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad y ha instado a los estados miembros a "resolver esta problemática", algo que el Gobierno español no ha hecho "de manera determinante y efectiva". Es más, incluso ha recurrido un decreto de la Generalitat catalana para impedir el coste de suministro a determinados consumidores durante el invierno. "Es el momento de más responsabilidad social", ha espetado a los 'populares'.
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, coincide en que "es preciso dar un impulso político a este tipo de medidas" porque es "inconcebible" que en pleno siglo XXI haya españoles que pasan frío en su casa, aunque ha advertido de que si se pusiera en marcha lo que propone el PSOE habría que enmendarlo porque se trataría de una ayuda social, y éstas son competencia de las comunidades autónomas.
Por CC-NC, Pedro Quevedo ha lamentado que no haya habido avances en la lucha contra la pobreza energética pese a las diferentes iniciativas parlamentarias que ya se han debatido en el Congreso, lo que a su juicio es "un ejemplo perfecto de cómo la ideología se impone a la lógica y a las cuestiones más elementales de la humanidad ante quienes lo pasan peor".
Joan Baldoví, de Compromís-Equo, ha recordado que "casi el 17% de las familias españolas destinan más de 10% de sus recursos a pagar luz y gas" mientras entre las empresas con mayores beneficios se cuentan las energéticas. "Hay 7 millones de familias que pasan frío en invierno y calor en verano", ha insistido, añadiendo que esta iniciativa "está más que justificada" pero que "tan importante como tomar medidas para mitigar la pobreza energética es luchar contra las causas que la provocan".
