BRUSELAS, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha informado este lunes de que da por buenos los cambios anunciados por el Gobierno en el tratamiento fiscal de los Activos Fiscales Diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) en el Impuesto sobre Sociedades, por lo que da por cerrada la investigación que había iniciado para determinar si suponían ayudas públicas ilegales.
"La Comisión considera que los cambios propuestos, si se aplican en consecuencia, tienen en cuenta las preocupaciones de manera satisfactoria y permite a la Comisión concluir su evaluación sobre las medidas españolas sobre DTA, bajo las normas de Ayuda de Estado", ha indicado en una rueda de prensa el portavoz de Competencia, Ricardo Cardoso.
El Ministerio de Economía y Competitividad español ha anunciado este lunes que el Gobierno incluirá una enmienda en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016 para modificar el tratamiento fiscal de los Activos Fiscales Diferidos (DTA por sus siglas en inglés) en el Impuesto sobre Sociedades.
La propuesta de modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades consistirá en que los DTA generados antes del 1 de enero de 2016, que estuvieran cubiertos por la garantía recogida en el RDL 14/2013 la mantendrán en el futuro.
No obstante, si los beneficiarios de la garantía hubieran pagado menos impuestos entre los años 2008 y 2015 que el valor de esos DTA garantizados, deberán abonar una prestación patrimonial anual en favor del Estado del 1,5% de la diferencia entre ambos importes.
A partir del ejercicio 2016 sólo se garantizarán aquellos DTA que cumplan los mismos requisitos que en la norma de 2013, pero con un límite que depende del Impuesto sobre Sociedades pagado, de tal forma que no se podrán generar DTA garantizables cuando no se produzca pago por el citado Impuesto.
El Ejecutivo comunitario ha recibido con "satisfacción" la enmienda tramitada por el Gobierno y ha explicado que es el fruto de un "estrecho y constructivo intercambio" mantenido en los últimos meses entre Bruselas y Madrid sobre un asunto "complejo", han explicado a Europa Press fuentes comunitarias.
En su análisis inicial, Bruselas consideró que las garantías que ofrecía el sistema español suponía una "compensación razonable" para los bancos por los pagos en exceso de impuestos, pero detectó una "consecuencia no intencionada" por la que se crea DTA que se beneficiaban de una garantía del Estado que no podía ser justificada por un pago en exceso de impuestos. "Algunas de ellas -añaden las fuentes-- fueron concedidas en años en los que los bancos no pagaron impuestos en absoluto".
Los activos fiscales diferidos consisten en apuntar como un activo en el balance del banco los ahorros en impuestos por tener pérdidas, aunque este ahorro sólo puede materializarse cuando la entidad vuelve beneficios.
La normativa europea e internacional establece que ya no puede considerarse capital de máxima calidad y que debe dejar de contabilizarse progresivamente de aquí a 2019.
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó a finales de 2013 una reforma legal para convertir 30.000 millones de esos activos en créditos fiscales. Éstos, al contar con el aval del Estado, pueden seguir computando como capital de máxima calidad. Con ello completó la reestructuración del sector bancario y facilitó que pasara los exámenes del Banco Central Europeo.
OTROS PAÍSES INVESTIGADOS
El caso de España no es el único que investiga la Comisión Europea y el anuncio de este lunes no "prejuzga en nada" el resultado de los casos pendientes con otros países, entre ellos Italia, Grecia y Portugal, han señalado fuentes comunitarias a Europa Press.
"Deben encontrarse soluciones caso a caso", añaden las fuentes, que confirman que Bruselas mantiene "estrechos contactos" con los tres Estados miembros para aclarar las dudas que mantiene sobre sus normas en materia de DTA.
