MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La asociación de consumidores Asgeco ha señalado este miércoles que teme que la nueva normativa sobre la bajada de tasas de intercambio en el pago con tarjetas, que se aprobó ayer en el Parlamento Europeo, afecte "negativamente" a los consumidores.
Los eurodiputados votaron a favor de un límite en la UE del 0,2% para las tarjetas de débito y del 0,3% para las de crédito. Ahora, los gobiernos de los Estados miembros tienen que dar su aprobación final a la medida.
En este sentido, Asgeco, que ha venido valorando la medida que pretende imponer topes a las comisiones que cobran las entidades bancarias a los comercios por el uso de tarjetas, ha pedido a los Estados miembros que "sean prudentes" y analicen las consecuencias que dicha bajada puede tener finalmente sobre los consumidores.
"Los defensores de la bajada de las tasas de intercambio argumentan que las tasas actuales son demasiado altas, lo que conduce a los comerciantes a subir sus precios. Sin embargo, queda por corroborar si la bajada de las tasas de intercambio se traducirá efectivamente en una bajada de precios para los consumidores y no en una subida de los costes de las tarjetas para mantener el sistema en funcionamiento", ha indicado.
PERJUDICAR AL CONSUMIDOR
Asgeco ha recordado que ya advirtió de que la medida podría perjudicar a los consumidores si no garantizaba "la total y absoluta transparencia" del sistema. "Lamentamos que la bajada de tasas de intercambio pueda derivar en una subida de los costes financieros de las tarjetas (coste de adquisición de tarjeta, de mantenimiento, etc.)", ha insistido.
Por otro lado, la asociación ha indicado que el Parlamento europeo aprobó no aplicar la bajada de las tasas a los sistemas de tarjetas 'tripartitos', como Diners o American Express. En este sentido, al quedar fuera de la regulación, Asgeco teme que se produzca "una competencia desleal y que estos agentes puedan aplicar comisiones de tarjetas más elevadas".
A su juicio, esta exclusión "no se entiende", por lo que considera que los Estados miembros "deberían garantizar un trato igual en el sector aplicando la nueva regulación a todos los agentes por igual".
