PALMA DE MALLORCA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Usuarios Bancarios (Ausbanc) está estudiando emprender nuevas acciones legales contra las entidades BBVA y Blue Millenium por la comercialización fraudulenta de derechos de aprovechamiento de apartamentos por turnos en Balears, más conocido como delito de multipropiedad, en el que se han visto afectado más de treinta personas de las islas.
Estas dos entidades ya han sido condenadas una vez por la Audiencia Provincial de Palma, aunque se está a la espera de conocer más sentencias definitivas contra BBVA y Blue Millenium, ya que varios juzgados de primera instancia de la capital balear han dado la razón a multitud de afectados por este delito en el último año.
Fuentes de Ausbanc explicaron a Europa Press que ha dirigido requerimientos a entidades que operan en Balears tras recibir quejas de consumidores de que comercializaban de manera agresiva y también fraudulenta derechos de aprovechamiento por turnos, como los llamados Vinsol y Agency Group. Estas empresas derivaban sus operaciones de préstamos a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), contra la que la Asociación estudia interponer acciones judiciales por un presunto delito de multipropiedad.
Ausbanc señala que una nueva sentencia de que el juzgado de primera instancia número dos de Valverdel Camino (Huelva) ha declarado recientemente la nulidad tanto del contrato de aprovechamiento por turnos de un bien inmuebele como la nulidad del contrato de financiación con BBVA vinculado.
En Balears, especialmente se está a la espera de conocer el fallo definitivo de la Audiencia Provincial de Palma sobre otra sentencia de primera instancia, conocida el pasado verano, que declaraba nulos los contratos suscritos por estas entidades con nueve familias mallorquinas.
En algunas de las sentencias conocidas por juzgados de primera instancia de Palma, los jueces consideran acreditado la vinculación entre Blue Millenium y BBVA ("cuya negación resulta insostenible", señalan incluso en alguna resolución), ya que estiman que existen "indicios suficientes" para entender que entre ambas entidades existía un acuerdo para la financiación del contrato con estas familias con carácter exclusivo.
El caso de los matrimonios afectados es similar en casi todas las demandas. Así, reciben una carta en su domicilio de Blue Millenium en el que se les felicitaba por resultar ganadores de un regalo de valor considerable que únicamente debían acudir a la sucursal de la empresa en la calle Aragón a recoger el regalo.
Una vez allí, el matrimonio acaba suscribiendo un contrato de compraventa de derechos de aprovechamiento de un inmueble (en uno de los casos, por ejemplo, un apartamento del complejo La Dorada Club el Tarter en Andorra), así como un préstamo personal con BBVA por 12.320,75 euros, después de más de cuatro horas de reuniones con comerciales de Blue Millenium, que les aseguraban que ese contrato era el requisito primordial para la entrega del regalo y que no supondría obligación alguna, ya que podrían anularlo con una "simple llamada" a la vuelta de sus vacaciones.
Las parejas firman y disfrutan de la estancia gratuita, aunque el viaje prometido no correspondió con el acuerdo suscrito (no incluía comidas y el apartamento era distinto). Por ello, al regresar quieren anular el contrato, pero se encuentran que las oficinas de Blue Millenium en Palma ya estaban cerradas, con una ubicación ahora en otro lugar de España (como Barcelona), donde no conseguían resultados a pesar de la infinidad de llamadas, al tiempo que BBVA les cargaba las cuotas mensuales del préstamo personal suscrito.
A todas las parejas que cayeron en el fraude en Mallorca se les ofrecía la contratación de un derecho de aprovechamiento por turnos que podían intercambiar cuando lo desearan en cualquiera de los centenares de establecimientos adheridos en todo el mundo. Este aspecto venía reforzado por la facilidad con la que se podían desvincular del sistema a través del ejercicio de recompra, ya que los comerciales de Blue Millenium transmitían la seguridad de que esta entidad prometía recomprar este derecho en un plazo máximo de treinta días, aunque después veían que no era así.
