MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
Convergència i Unió (CiU) ha registrado en el Congreso, para su debate en la Comisión de Economía, una proposición no de ley con la que exige al Gobierno que modifique ciertos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil de modo que las comunidades de vecinos sepan que se está produciendo una ejecución hipotecaria en el inmueble y puedan reclamar las deudas pendientes por parte de los afectados.
Con la iniciativa, que recoge Europa Press, los nacionalistas catalanes vuelven a poner sobre la mesa un asunto al que ya se han referido con diferentes propuestas, como la aprobada el pasado mayo para reclamar al Ejecutivo modificaciones legislativas para poder obligar a las entidades financieras, promotoras o particulares que se hagan con una vivienda afectada por un lanzamiento a pagar las deudas pendientes con la comunidad de vecinos.
Ahora, CiU reclama que, en un plazo de tres meses, se modifique la sección sexta del capítulo III del título IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil para "garantizar a las comunidades de propietarios que, en los casos de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas y locales sometidos a la normativa de la propiedad horizontal, estarán informadas y podrán ejercer las correspondientes acciones para el cobro de las deudas existentes, evitando la pérdida de las mismas por la acción de la prescripción".
El objetivo es que cuando comience una ejecución hipotecaria sea obligatorio comunicarlo a la comunidad de propietarios para "facilitar que la misma pueda emitir el correspondiente certificado sobre el estado de pagos de la vivienda ejecutada para con la comunidad, a los efectos de poder garantizar su cobro y evitar la prescripción por el transcurso del tiempo".
REPERCUSIONES "PREOCUPANTES"
El grupo parlamentario advierte además de las "preocupantes repercusiones" que las ejecuciones hipotecarias están teniendo sobre la situación financiera de muchas comunidades de vecinos, que según datos del Consejo General de Administradores de Fincas, a 31 de diciembre de 2012 arrastraban 1.606 millones de euros de deuda con las entidades financieras adjudicatarias de los pisos y locales desahuciados, una cifra que podría haber alcanzado los 1.900 millones el año pasado.
Además, según la estadística de los Colegios de Administradores de Fincas de Barcelona y de Lérida, el 82% de las reclamaciones en las comunidades de vecinos están relacionadas con la morosidad, y la litigiosidad en este campo va "en aumento", habiendo pasado de 394.000 juicios monitorios en 2007 a más de 850.000 en 2010.
"El problema deriva de que las entidades que han adquirido la propiedad tras una ejecución hipotecaria no se responsabilizan de la deuda con la comunidad, que habitualmente había sido generada por el anterior propietario, y en muchas ocasiones tampoco cubren los gastos generados tras la adquisición del inmueble", explica CiU, subrayando que esta situación genera "importantes perjuicios" en el mantenimiento de los inmuebles e incluso un "efecto contagio" sobre otros vecinos, con los consecuentes problemas de convivencia.
Y es que en la mayoría de los casos las comunidades de vecinos desisten de reclamar el pago de las deudas de manera judicial por desconocimiento, por su elevado coste o por la prescripción de esa posibilidad. Por eso, CiU cree que se deben establecer mecanismos para "garantizar" que la comunidad sabe que se ha iniciado una ejecución hipotecaria y para que la entidad financiera sea consciente de la deuda y su importe, de modo que se facilite el cobro una vez finalizado el procedimiento.
