MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
Compromís-Equo defenderá este miércoles en la Comisión de Economía del Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que tome medidas en aras a que las entidades bancarias que han recibido o reciban en el futuro dinero público cumplan con un "compromiso de responsabilidad social y buenas prácticas empresariales" que debería incluir, entre otras cosas, la obligación de renegociar hipotecas o de reducir deudas a familias que no puedan pagar sus cuotas.
La iniciativa, que recoge Europa Press, parte del derecho constitucional a una vivienda digna y de la obligación que tienen los poderes públicos de tomar medidas para hacer efectivo ese derecho, y recuerda la "responsabilidad" de la banca en la situación económica actual.
"Corresponde exigir un compromiso de responsabilidad social y buenas prácticas empresariales con la población a las entidades que hayan recibido o reciban en un futuro dinero público", cree el diputado valenciano Joan Baldoví, que critica la "paradoja" de que las entidades que provocaron la burbuja inmobiliaria y que acumulan gran cantidad de viviendas sean también las que promueven las ejecuciones hipotecarias.
MEDIDAS "DE SENTIDO COMÚN"
Por eso, cree "de sentido común" obligar a esas entidades financieras a aceptar ciertas condiciones por la obtención de dinero público --venga de la UE o del Gobierno central--, tales como renegociar las condiciones hipotecarias a las familias con dificultades de pago, o incluso reducirles la deuda si se considera que está "por encima de su capacidad de pago", acompañando la medida de una nueva tasación "pagada por la entidad".
"Esta medida fue adoptada por el banco islandés Landsbankinn, el más antiguo de Islandia y que fue nacionalizado en 2008, que acordó reducir la deuda a miles de hogares tras recibir ayuda financiera", recuerda Baldoví, que también quiere que los bancos rescatados estén obligados a poner a la venta o en alquiler al menos el 70% de su cartera inmobiliaria y a destinar al menos el 30% de sus beneficios a obra social.
Finalmente, la formación propone también eliminar indemnizaciones por cese o jubilación de los miembros de los consejos de administración o directores generales de las entidades, prohibir que las retribuciones de los consejeros o directores generales superen la brecha salarial de uno a tres veces el salario más bajo de la entidad, y obligar a cumplir con los principios de la banca ética, cooperativa o ciudadana.
