Economía/Finanzas.- Las empresas españolas no aplicarán la nueva Ley de Servicios de Pago hasta que sea obligatoria

Actualizado: lunes, 10 mayo 2010 16:19

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa (ASSET) alertó hoy de que las empresas españolas se muestran contrarias a la nueva Ley de Servicios de Pago y no la aplicarán hasta que sea obligatoria, según informó la asociación en un comunicado.

El rechazo al cambio normativo ha provocado que en la actualidad sólo el 6% de las empresas hayan migrado al nuevo sistema de pago y que a finales de 2011 lleguen al 30%, frente a las previsiones que indicaban que a finales del 2009 su aplicación iba a ser del 100%.

El mayor cambio provocado por la aprobación de la ley el pasado mes de noviembre ha sido el tiempo de pago de los recibos y transferencias que, según Asset, hace peligrar el actual sistema de cobro de las facturas por el método de la domiciliación bancaria.

La diferencia radica en que a partir de ahora se pueden devolver recibos sin ningún motivo hasta ocho semanas después del cobro frente a los períodos de nueve días hábiles o 30 naturales que había antes.

Estos cambios normativos parten de las propuestas elaboradas por el 'European Payments Council' (EPC), constituido por las entidades de crédito, y se aplican bajo el llamado sistema 'SEPA Direct Debit'.

SEPA es el área común de pagos paneuropea y afecta a los cobros y pagos no sólo transfronterizos sino también domésticos. Este sistema nación con el objetivo de homogeneizar el mercado europeo y los diversos sistemas de pago.

El presidente de Asset, Josep Badia, destacó que "el tema es grave porque los bancos y las compañías de seguros no dan por cobrado definitivamente un recibo hasta los dos meses de haberlo ingresado y cobrado".

El director de servicios económicos y financieros de Tgestiona España, miembro de Asset y del observatorio creado por el banco de España para la implantación de SEPA, Gerardo de la Mata, explicó que "las grandes empresas españolas no ven las ventajas en estos instrumentos y no tienen previsto aplicarlos hasta que la ley no sea obligatoria".