MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El estado de aplicación de la Ley sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales "es nulo" y las medidas que aprobó el Congreso el 22 de diciembre de 2004 son "insuficientes", según un estudio realizdo por el Centro de Estudios de Morosología de la Escuela de Administración de Empresas (EAE).
El estudio, dirigido por el Pere J. Brachfield, propone una reforma de la ley que permita erradicar la morosidad en el tejido empresarial, que afecta sobre todo a las pymes. El objetivo es encajar el principio de seguridad jurídica y defensa de los derechos del acreedor que propone la ley con el de autonomía de la voluntad de las partes para contratar.
En este sentido, Brachfield propone unificar las medidas de lucha contra la morosidad para todos los sectores y favorecer las condiciones competitivas de las pymes. También aboga por establecer medidas efectivas que impidan que los compradores impongan condiciones de pago abusivas, ya que la ley no facilita una forma objetiva de determinar las prácticas abusivas ni de medir si los aplazamientos de pago son excesivos y en perjuicio del acreedor.
Para ello, Brachfield propone desarrollar un reglamento legislativo que indique los plazos de pago por sectores de actividad y los plazos se consideran abusivos para comprador y vendedor.
El Centro de Estudios de Morosología de EAE también apunta la necesidad de crear un organismo independiente y especializado en la defensa de los proveedores con una filosofía similar al Tribunal de Defensa de la Competencia.
El estudio subraya la compensación de los costes de cobro como otro de los puntos débiles de la ley, ya que no determina la cuantía de la indemnización, cómo se deben acreditar ni qué tipología de gastos se deben imputar a los morosos.
En su informe, Brachfield también insiste en la necesidad de impulsar desde el Gobierno la reforma de la justicia mercantil, y aprovechar la existencia de los nuevos juzgados en materia concursal para incorporarles competencias relativas a la morosidad. En este sentido, Brachfield sugiere que se aproveche la creación de los Tribunales de Comercio para que éstos sean competentes a la hora de juzgar todas las reclamaciones de deudas entre empresas.
