MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los portavoces económicos del PSOE, PP y CiU escenificaron hoy durante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados su enfrentamiento acerca de la puesta en marcha del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y las implicaciones que tendrá el "recorte" en el volumen de las ayudas a las entidades al que la Comisión Europea condiciona su visto bueno.
La socialista Marta Gastón acusó a los 'populares' de alentar informaciones "poco correctas y poco veraces" acerca de los supuestos retrasos en la aplicación de esta herramienta destinada a la reordenación del sistema financiero español, y aseguró que el Fondo "está listo para ser utilizado desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado".
Minutos antes, el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, había calificado de "inadmisible" la demora del arranque del FROB, siete meses después de sus aprobación por el Congreso, si bien hasta este lunes el Ministro de Economía y Hacienda no remitió a la Comisión la "notificación formal" sobre el Fondo. "Esto no hace más que agravar la restricción de crédito en la que estamos atrapados", señaló.
En su turno de intervención, Gastón aseguró que la aprobación del FROB por Bruselas "es independiente" de las posibilidad de que las entidades soliciten y reciban ayudas para sus procesos de concentración. En este sentido, aseguró que el Ejecutivo español ha actuado "correctamente" y acusó al dirigente 'popular' y ex eurodiputado de malinterpretar lo que supone una "notificación" a Bruselas.
CIU TEME RESTRICCIONES DE CRÉDITO
Por su parte, el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, anunció que pedirá la comparecencia de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en el Congreso para que rinda cuentas de la evolución y el "timing" del FROB y aclare cuál será la situación tras los "recortes" a las ayudas que impondrá Bruselas a las fusiones.
En este sentido, expresó su temor por el impacto de las condiciones de la Comisión a las fusiones que ya se están negociando --como es el caso de las cajas catalanas--, lo que a su juicio puede repercutir en una mayor "restricción de crédito". Ante esta posibilidad, planteó la posibilidad de que el Gobierno disponga "recursos adicionales" para atender las necesidades de financiación de las empresas.
