MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado este miércoles que el Grupo BFA-Bankia "hará frente a todas las sentencias condenatorias" que se puedan producir por la salida a Bolsa de Bankia, si bien ha recordado que esa operación se produjo en julio de 2011, cuando el Gobierno aún estaba ocupado por los socialistas.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, el ministro ha subrayado que el caso de los accionistas de Bankia es equiparable al de los preferentistas, que tienen un "problema" que su equipo se encontró "encima de la mesa" al principio de la legislatura y al que están "dando solución".
"Y no le quepa ninguna duda de que el grupo BFA-Bankia hará frente a todas las sentencias condenatorias que puedan producirse para compensar a los accionistas, como no podía ser de otra manera", ha reiterado el ministro, afirmando que la solución que se dé a esta situación será "realista, ajustada a derecho y velará por los intereses de todos los implicados: contribuyentes y accionistas".
HACIENDO CUENTAS
Para ello, tanto el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como el Grupo BFA trabajan con la entidad financiera de cara a la presentación de sus resultados de 2014, que deben incluir una "valoración de las potenciales contingencias por reclamaciones judiciales que se puedan producir, derivadas de su salida a Bolsa", y a las que BFA también deberá responder por ser propietario de un 63% de Bankia.
Sin embargo, el diputado de UPyD Toni Cantó ha acusado al ministro de estar trabajando únicamente para "proteger a la familia", ya que el FROB podía haber iniciado el procedimiento de investigación de la salida a Bolsa "hace dos años y medio y no lo hizo", y además tampoco ha "impulsado" el procedimiento judicial "ni ha solicitado una sola diligencia" en la investigación.
"¿Para quién trabaja usted?", ha llegado a preguntar el diputado valenciano, que acusa al Ejecutivo de aportar la información al juez porque "no ha tenido más remedio" y de "oponerse a que los imputados presenten fianza para que los estafados puedan cobrar", mientras "desacreditan" a los peritos del Banco de España. "Ustedes se ocupan únicamente de que los estafados no recuperen el dinero y de que los corruptos no vayan a la cárcel", ha reiterado.
QUE PAGUE GOIRIGOLZARRI
Y todo a pesar de que los 'populares' también son, a su juicio, responsables de la quiebra de las cajas, ya que estaban en sus consejos de administración a pesar de que "podían haber elegido no estar", como ha hecho UPyD. Y, por tanto, Cantó entiende que son "parcialmente culpables" de la deuda de 100.000 millones de euros que "pagarán entre todos los contribuyentes", una quinta parte de la cual corresponde a Bankia.
"Decían que todo ese dinero se devolvería y no es así. Y ahora pretenden que el Estado asuma también las indemnizaciones. Eso se llama repago, se llama tomar el pelo a los españoles", ha criticado Cantó, exigiendo al ministro que "trabaje de una vez, no para el Gobierno, sino para los ciudadanos" y que obligue al presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, "quien hace nada chuleaba de musculitos en los medios, a pagar de su bolsillo" a los 350.000 accionistas a los que han "estafado" 3.000 millones de euros.
SE SALVÓ A LOS DEPOSITANTES, NO A LOS BANQUEROS
Ante estas acusaciones, De Guindos se ha limitado a espetar al diputado magenta que "su retórica está a nivel de su conocimiento de la realidad de los hechos" y a recordar que los 20.000 millones de euros que ha recibido Bankia "no han sido para salvar a ningún banquero ni accionista" sino para "evitar que los depositantes tuvieran que hacer frente a las pérdidas" de la entidad.
Gracias a ello, ha añadido, Bankia es hoy "una entidad saneada, recapitalizada y solvente", como quedó "demostrado" en los test de estrés realizados por el Banco Central Europeo (BCE).
Finalmente, De Guindos ha subrayado que su presencia estos días en Estambul y su viaje este mismo miércoles a Bruselas para participar en el Eurogrupo demuestra que él "trabaja para el Gobierno de España" y para "defender los intereses generales" del país.
