MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó hoy que el Gobierno retirará el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid si el Ejecutivo regional modifica los preceptos recurridos y redacta una nueva norma "en el marco de la Constitución".
En el transcurso de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega afirmó estar al tanto de las manifestaciones realizadas por responsables del Gobierno de la Comunidad de Madrid "en el sentido de expresar su voluntad de modificar algunos preceptos de la Ley de cajas que al parecer son los que el Gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional".
"De ser así, de confirmarse lo que han expresado los responsables de la Comunidad de Madrid y de cambiar esos preceptos que a nuestro juicio son inconstitucionales, y de redactar una nueva ley con iniciativa en el Parlamento de Madrid en el marco de la Constitución, dejaría de tener objeto el recurso que nosotros hemos presentado, y, por lo tanto, no tendríamos ningún inconveniente, sino que retiraríamos el recurso que hemos presentado ante el Constitucional", afirmó De la Vega.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó hoy el proyecto de Ley de Cajas de Ahorros, una vez obtenido el visto bueno del Consejo Económico y Social (CES), por lo que será remitido a continuación a la Asamblea para su aprobación por procedimiento urgente, según informó hoy el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González.
Según explicó González, se trata de "evitar las discrepancias" que en su momento planteó el Gobierno central. "Nosotros seguimos pensando que nuestra ley es plenamente constitucional, pero con el fin de evitar esas discrepancias, se procedió a redactar este proyecto adaptado a la LORCA", añadió.
El nuevo texto modifica algunos de los puntos más polémicos de la ley autonómica anterior, como es el límite previsto a la representación del Ayuntamiento de Madrid en la asamblea de Caja Madrid, y despeja, a juicio del Ejecutivo regional, las dudas de inconstitucionalidad.
